BILBAO - Después de levantar la intervención financiera en Catalunya y de telefonear expresamente a Quim Torra para barajar una pronta fecha en la que reunirse, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a dar ayer un nuevo paso hacia el clima de distensión abordando un asunto prácticamente tabú en la era de Mariano Rajoy: la reforma de la Constitución. Meritxell Batet se estrenó ayer como ministra de Administración Territorial y Función Pública, precisamente en Barcelona, con un mensaje de calado político donde aseveró tajantemente que la modificación de la Carta Magna es una tarea “urgente, viable y deseable” ya que, a su juicio, o lo que es igual, en opinión del nuevo Ejecutivo español, el pacto territorial de 1978 se encuentra “en crisis” y ha ido acompasado de una crisis democrática que lo ha retroalimentado, de ahí la necesidad de transformar la Constitución para definir un nuevo modelo territorial para el Estado y donde se reconozcan los derechos sociales y políticos.

La ministra recordó que “la única iniciativa en seis años para buscar diálogo” fue la proposición que hizo en su día el PSOE para crear en el Congreso una comisión de estudio del modelo territorial que entró en vía muerta por el boicot de algunas fuerzas políticas a quienes Batet reclamó que regresen a ese lugar de debate ya que “el restablecimiento del diálogo leal es el primer objetivo, es el instrumento para las reformas necesarias”. “La reforma de la Constitución no es para dividir, es para solucionar la situación actual”, manifestó Batet, quien tomó parte en la inauguración de una jornada de debate organizada por la federación de Barcelona del PSC sobre reforma constitucional, federal y con derechos que estaba prevista desde hacía meses, cuando nada hacía prever que se produjera el relevo gubernamental en La Moncloa.

Sánchez ya ha entablado conversación con los presidentes de todas las comunidades autónomas exigiéndoles que “sean conscientes de reconocer las diferentes sensibilidades de todos los ciudadanos de su territorio”. A su entender, “las instituciones son de todos, no solo de una parte de los ciudadanos y eso vale para el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos”. “Hace falta superar la crisis institucional y de manera muy particular la de Catalunya, pero que afecta a todos los ciudadanos españoles”, añadió Batet. “Hace falta respetar la ley, la Constitución y el Estatut, pero con eso no basta, hay que escuchar las propuestas de todas fuerza políticas y llegar a pactos”, insistió. Es decir, trasladó una manera de pensar muy distinta a la del Ejecutivo del PP donde solamente imperaba el respeto a la ley como modo de seguir caminando por encima del conflicto catalán. Con Sánchez, al parecer, ley sí, pero también consenso con el diferente.

Batet expresó que la crisis política que ha vivido Catalunya y España en los últimos años ha generado una desafección de los ciudadanos con sus instituciones y que ese es uno de los “mayores problemas” que ha de abordarse. Y la solución pasa por “escuchar, dialogar y consensuar”, lo que significa “reconocer al otro su legitimidad, admitir que puede tener razón y tener capacidad de llegar a acuerdos”. En esa línea argumental afirmó que asume plenamente las palabras de Sánchez respecto a tener que “recuperar la palabra” con Catalunya y reiteró la voluntad del Gobierno español de estudiar las 45 reivindicaciones que en su día planteó Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, así como la recuperación de algunas leyes aprobadas por el Parlament y suspendidas después por el Tribunal Constitucional, no por su contenido sino por la concreción normativa.

positiva acogida en el govern La respuesta desde el Govern no se hizo esperar. Torra replicó que “todas las propuestas son bienvenidas” y calificó de “buena notica” su próxima cita con Sánchez, con fecha por fijar. Desde Palamós, el president matizó que “parece increíble que la reunión con el presidente del Gobierno esté tardando tanto en producirse”, ya que el máximo responsable de la Generalitat considera que los dos gobiernos necesitan soluciones “de forma urgente”. “Hemos insistido en ir a una negociación sin condiciones en la que vamos a hablar de lo que importa al país, de la situación de los derechos y libertades, y también del derecho a la autodeterminación”, manifestó. Torra admitió que “siempre” habían estimado que con el levantamiento del artículo 155 se levantaba el control financiero, y se mostró “preocupado” por el control sobre la Generalitat por los gastos a partir de la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Desde JxCat no se rezuma tanto optimismo. Su vicepresidente primero en el Parlament, Josep Costa, declaró que no puede “esperar mucho” del nuevo Gobierno español, al que describió como electoralista y continuista. En una entrevista en TV3, desbrozó que no espera una “política realmente diferente”, sino que, en su opinión, el PSOE pretende cuidar las fronteras de voto con Ciudadanos y PP. Censuró también que las carteras que podrían ser clave para cambiar el clima entre el Ejecutivo de Madrid y el catalán están en manos de ministros “continuistas”, refiriéndose explícitamente a Hacienda e Interior. La formación que lidera Puigdemont mantendrá una actitud de diálogo sin renunciar a sus aspiraciones. A su vez, Costa criticó que no se publicó el nombramiento de los consellers designados inicialmente por Torra: “Es un escenario de excepcionalidad democrática que impide hacer previsiones de futuro”.

Por su parte, el líder del socialismo catalán, Miquel Iceta, que el viernes estuvo personalmente con el president, ahondó en la necesidad de la reforma federal de la Constitución. “No está pensada solo para Catalunya, sino para todos los pueblos de España y para afianzar la unión, porque no nos queremos separar, ni queremos las fractura que, por desgracia, se ha instalado en Catalunya”, zanjó el socialista.

censura desde la oposición Sin embargo, desde la oposición, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, subrayó que se puede hablar de una reforma de la Constitución, pero avisó a Sánchez de que ésta no puede modificarse para “intentar satisfacer” a los independentistas. Asimismo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valoró que hay que tocar la Carta Magna, “pero no para inventarse una nación de naciones, sino para reforzar la nación de ciudadanos libres e iguales”. “Sí, hay que reformar la Constitución para suprimir los aforamientos, reformar o cerrar el Senado o cambiar el sistema electoral, todo lo que PSOE-PP han bloqueado. Pero no para inventarse una nación de naciones, sino para reforzar la nación de ciudadanos libres e iguales”, espetó.

Falta por ver si desde el Gobierno de Sánchez hay atrevimiento para tocar uno de los asuntos que mejor acogida tendría en el seno independentista, la posibilidad de que los políticos que están en reclusión en cárceles madrileñas puedan ser trasladados a prisiones catalanas.