bilbao - Los partidos se reunieron ayer en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco para abordar las competencias que tendrá la comunidad autónoma en virtud del nuevo estatus. Los grupos optaron por darse más tiempo para acordar este Título Primero, hasta la próxima semana. El PNV ha elaborado el documento de síntesis sobre este capítulo, y rechaza hacerlo público para preservar la discreción sobre los trabajos, una tarea que está resultando extremadamente difícil por las constantes filtraciones, más aún cuando este documento está circulando entre los grupos parlamentarios desde el lunes.

Según ha podido saber este periódico, en el borrador que se está sometiendo a debate no hay grandes novedades con respecto a las ideas que ya propuso el PNV cuando arrancó la ponencia, y que consisten en otorgar a la comunidad autónoma un catálogo de competencias exclusivas a salvo de las injerencias del Estado, como la educación, y blindar el autogobierno para que las discrepancias se resuelvan sin imposiciones unilaterales del Estado. El aspecto más comentado es la posibilidad de que la comunidad autónoma se encargue de ejecutar todas las competencias con independencia de quién sea el titular. Esto se traduce en que, como mínimo, la comunidad autónoma podrá ejecutar todas las competencias, aunque sean del Estado y Madrid se encargue de la legislación y la regulación. Ese esquema implicaría que toda la estructura funcionarial sea vasca. Supondría instalar una ventanilla vasca en todas las materias, también en la tramitación de las pensiones, aunque en ese caso se plantea que la comunidad autónoma pueda tener un modelo propio, de manera que el planteamiento es más ambicioso en ese punto. También se incorpora una cláusula para que, en caso de duda, si el Estado no asume de manera expresa una competencia, se haga una lectura favorable a la comunidad autónoma y pueda asumir ella esa tarea. EH Bildu comparte este planteamiento, pero no los socialistas, que insisten en una reforma constitucional previa.

En concreto, se está debatiendo que la comunidad autónoma tenga un catálogo de competencias exclusivas a salvo de las injerencias del Estado, sus reformas y sus leyes básicas. En ese listado entrarían el Concierto Económico, la educación, la lengua, el deporte y la cultura vasca, la seguridad, el empleo público, el derecho civil, la justicia (exceptuando los casos en que intervenga el Supremo para unificar la legislación del Estado), la política penitenciaria y la organización territorial interna de la comunidad. Por otro lado, pide que se reconozca a las instituciones vascas la titularidad de los recursos naturales de su ámbito territorial y las infraestructuras ligadas a estos. El sistema de relaciones laborales, protección social y Seguridad Social será vasco con competencia plena de la comunidad autónoma, aunque habrá mecanismos de solidaridad con el Estado. Además, se pretende que la comunidad autónoma tenga competencias en política exterior, dentro de sus atribuciones.