A estas alturas creíamos haber visto ya todo lo imaginable. Pero requisar camisetas amarillas a la entrada del estadio donde se disputaba la Final de la Copa e impedir el acceso al recinto a quienes las portaran lleva tan lejos las medidas represivas y vulneradoras de la libertad de expresión, derecho fundamental objeto de especial protección en democracia, que convierte esa medida en inconstitucional sin duda alguna.

Es un enorme desatino jurídico sin fundamento legal alguno, desproporcionado, infundado, arbitrario y obscenamente contrario al respeto a la pacífica expresión de sentimientos e ideologías. La visión patrimonialista del nacionalismo español vuelve a brotar y a manifestarse impune y chulescamente ante el mínimo contacto con cualquier cuestión identitaria.

Esta desmedida y selectiva (por tanto discriminatoria, además de injusta) prohibición destinada solo a los aficionados del Barça que fueron al campo se traducía arbitraria y injustificadamente en que no podían llevar nada amarillo, para evitar que hubiera una mayoría de ese color en la grada como muestra de solidaridad y empatía hacia los políticos independentistas en prisión.

¿Qué jurista puede defender esta medida? Es una prohibición abierta y directamente inconstitucional, ilegal. Por un lado, vulnera el artículo 20 de la Constitución española, que consagra expresamente el derecho expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se subraya además en el propio artículo que el ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

¿Quién ordenó tal ilegal medida? Porque tampoco cabe invocar en su apoyo la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Su artículo 2 señala que “la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo”.

Como muy bien ha indicado el profesor Julio González, ni el amarillo este año ni la estelada el año pasado son símbolos que inciten a la realización de comportamientos violentos ni de desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo. De hecho, no se recogen en el Manual de simbología violenta que ha publicado la propia Comisión Antiviolencia. Es sencillamente un símbolo político vinculado a un problema político irresuelto. Eso no significa que no se pueda utilizar en una celebración deportiva. No está prohibida la exhibición de cualquier símbolo de naturaleza política sino sólo aquellos que puedan provocar incitación a la violencia, lo que claramente no ocurre en este caso.

La exhibición del amarillo, igual que la bandera independentista el año pasado, o la pitada al himno de España persigue una finalidad política clara: reivindicar el deseo de ser independientes. Una significación política que entra en el campo de actuación de la libre expresión de las ideas, como reflejo de la cláusula del Estado democrático prevista en artículo 1 de la Constitución.

¿Se pueden penalizar los sentimientos? La batalla del respeto hay que ganarla por la vía cultural y educativa, es estéril tratar de imponerlo por la vía penal. Cabe recordar ahora la reflexión de Voltaire en el siglo XVIII, al afirmar que “odio sus opiniones, pero me haría matar para que usted pudiera expresarlas”. No creo que esta ilustrada y pasional defensa de la libertad de expresión encaje mucho con la visión que de este derecho se tiene aquí.

La segunda “excusa” para reducir el ámbito del derecho que ampara la libertad de expresión ha vuelto a ser el fútbol, a costa de la pitada al himno durante los prolegómenos de la final de Copa. ¿Silbar como protesta a dos símbolos de la unidad española, el himno y la monarquía, supone incentivar el odio?, ¿silbar es negar la unidad española?, ¿silbar es libertad de expresión o un delito? Yo prefiero respetar para que me respeten, prefiero mostrar mi indiferencia, mi absoluto desapego y mi total desafección ante una bandera y un himno, los españoles, que no elegí y que no siento como míos, pero si la opción de una mayoría en plena pasión futbolera es silbar, ¿altera esta manifestación de disconformidad el orden constitucional establecido? No, rotundamente no.