MADRID. Desde primera hora de la mañana han ido llegando a la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid) personas procedentes de Navarra para arropar a los acusados, entre ellos el vicepresidente del Parlamento Foral, Unai Uhalde, de Geroa Bai, y la diputada de EH Bildu Bakartxo Ruiz.
Tres de los acusados, Ohian Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, han entrado a la sede judicial en furgón policial al estar en prisión provisional y los otros cinco han sido aplaudidos y animados a medida que entraban en la Audiencia, que ha señalado el comienzo del juicio para las diez de la mañana.
El juicio contra ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu (Navarra), que se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por terrorismo, arrancará hoy en la Audiencia Nacional y se prolongará durante diez sesiones, en las que declararán medio centenar de testigos. Se espera que los acusados, siete de ellos con edades comprendidas entre los 21 y 24 años y un octavo de 31 años, comiencen hoy a declarar ante la sección primera en la sede del tribunal en San Fernando de Henares por participar en un incidente con un teniente y un sargento del instituto armado, así como sus parejas, en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar de la localidad navarra. Todos ellos presentaron partes médicos de lesiones tras los sucesos.
El fiscal José Perals encuadra su actuación en delitos de terrorismo al entender que estos hechos se enmarcaron en las campañas denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, “influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social”.
Las defensas rebaten esta acusación piden que sean juzgados por la justicia ordinaria, por delitos menores y en Navarra. El caso abierto contra los supuestos agresores acabó en la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia de Navarra, que no veía ese delito, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.
Esa imputación de terrorismo levantó polémica en diversos sectores, que se plasmó el sábado en la manifestación celebrada en Pamplona y apoyada por las principales instituciones de la Comunidad, a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según al organización. Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema “Justicia. No es terrorismo”, recibieron el apoyo distintas personalidades, partidos como Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu, y sindicatos como CCOO, ELA y LAB. Amnistía Internacional ha cuestionado el juicio.
