Cuando parecía que Carles Puigdemont estaba enterrado, su figura emerge. La batalla político-jurídica emprendida por el Gobierno español ha puesto en la picota judicial a los cabecillas del proceso soberanista, llevando a algunos de ellos a la cárcel y a otros a cobijarse en Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido, pero ha cosechado una derrota en lo que a la reputación internacional se refiere. La internacionalización del procés, convirtiéndolo en una crisis europea, ha pasado factura al Ejecutivo de Rajoy. Mientras tanto, y con el president cesado libre en Alemania, Europa vuelve la vista hacia España para deslizar a los aparatos del Estado que la respuesta judicial no es la única vía para zanjar el conflicto político catalán.
La batalla por la reputación ha tendido sus fases. El referéndum del 1 de octubre cosechó simpatías hacia la causa catalana en parte del contexto europeo, sobre todo por la violencia empleada por las Fuerzas de Seguridad del Estado para silenciar las urnas. Algunas figuras políticas, como el primer ministro belga Charles Michel, llegaron a censurar el uso de la fuerza. Ese golpe de efecto se difuminó pronto. La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre motivó que el procés encallara para quedarse sin apoyos en la Unión Europea. En juego estaba que una región rompiera amarras con un Estado miembro de la UE, situación que las instituciones europeas no podían permitirse por el efecto contagio de otras crisis territoriales. Destacadas fueron las declaraciones de altos cargos europeos como el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker. “El nacionalismo es veneno”. O el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani. “El respeto al derecho no es una opción, en una obligación”.
Puigdemont, y cinco de sus consellers respondieron a la aplicación del artículo 155 y la consiguiente intervención de la autonomía viajando a Bruselas para impulsar su mensaje desde el corazón de Europa. Otros miembros de la Generalitat pagaron su responsabilidad con la cárcel en el Estado. El mes de octubre daba paso al de noviembre y el conflicto catalán era ya toda una crisis instalada en suelo belga, donde los nacionalistas catalanes son apoyados por sus aliados históricos flamencos del Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). La internacionalización del conflicto no había hecho más que comenzar, al igual que la sucesión de euroórdenes del Tribunal Supremo para la extradición de los responsables políticos exiliados de Catalunya.
problema europeo Puigdemont abrió nuevos frentes acudiendo a charlas en Dinamarca, Suiza y Finlandia, aunque solo cosechó la expectación mediática en cada cita. El terreno de los apoyos internacionales a la causa catalana seguía yermo, pese a que el president destituido se esforzara en propagarlo a los cuatro vientos. En paralelo, Ponsatí marchaba a Escocia y Anna Gabriel y Marta Rovira buscaron refugio en Suiza ante la presión judicial española. Toni Comín, Meritxel Serret y Lluis Puig permanecen en Bélgica. El procés ya era para entonces un problema europeo magnificado, lo que el Gobierno no deseaba bajo ningún concepto.
Finalmente, llegó el golpe de efecto que Rajoy ansiaba: la detención de Puigdemont. Aliado de España, Alemania fue el país elegido. Un traslado en coche desde Helsinki que acabó antes de tiempo en el lander norteño de Schleswig-Holstein fue la excusa perfecta. El tiro le salió por la culata al Gobierno. El president detenido, encarcelado y liberado 12 días después, se encuentra en Berlín a la espera de conocer su futuro. Despojado de la opción de ser extraditado por delito de rebelión, a España le queda la última bala de enjuiciarlo por la malversación. O elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, y exponerse a empeorar la situación. En paralelo, los sistemas judiciales de Bélgica y Reino Unido también han dificultado el frente jurídico en los casos de Ponsatí, y Serret, Comín y Puig.
Ante esta tesitura, la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourová, consideró que la Justicia alemana actuó “de acuerdo a las reglas”, lo que de refilón dejó en mal lugar al sistema judicial estatal. Y lo que es peor para los intereses españoles, Europa ha vuelto la mirada a la crisis catalana tras un severo varapalo a la Justicia española que, por ende, advierte al presidente Rajoy de que judicializar el conflicto sin abrirse mínimamente a una negociación política no es la solución. El presidente español tuvo que cambiar el paso para alabar el “modélico” comportamiento de la justicia germana.
A la vista de que el frente catalán ha logrado un balón de oxígeno, el Gobierno español ha redoblado esfuerzos. Ha puesto en marcha la maquinaria diplomática para explicar en el exterior su respuesta al proceso independentista. Zanjar el desplome de su reputación internacional es la máxima prioridad.
