gasteiz - Casi cuarenta años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, ayer el Parlamento Vasco lanzó un ultimátum al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que transfiera las competencias pendientes de traspaso. La Cámara, con los 57 votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y el rechazo de PP y la abstención del PSE, exigió al Gobierno español que en el plazo de seis meses traslade a Lakua “un plan y un calendario de trabajo” para cerrar el desarrollo estatutario. Asimismo, la Cámara reclamó a Moncloa que “asuma públicamente con la sociedad vasca el compromiso de cumplir íntegramente” dicha ley orgánica, subrayó que los traspasos pendientes “no deben estar sujetos a otros acuerdos y variables de ninguna índole”, y por último advertía de que cumplir la ley hoy no implica condición alguna para modificarla en el futuro. Los grupos trataban con este último punto de blindar los trabajos de la Ponencia de Autogobierno que pretende alumbrar un nuevo estatus.
El debate de ayer contaba con varios elementos singulares. El primero, que EH Bildu fue la formación que lo llevó a la Cámara, aunque luego negoció una enmienda transaccional con Elkarrekin Podemos. El partido soberanista ha virado sus posiciones históricas en los últimos meses con respecto al Estatuto de Gernika, y su defensa de este marco es cada vez más encendida, si bien siempre con la premisa de la independencia como objetivo último de la formación.
Por otro, la negativa del PSE a respaldar la moción, pese a que los socialistas reclaman que se complete el Estatuto y así lo reflejaron en el programa de gobierno que comparten con el PNV, se debe a un primer punto que acusa a “los diferentes gobiernos de España” de bloquear el desarrollo competencial vasco. En ese sentido, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, asumió las responsabilidades de los ejecutivos del PSOE en dicho bloqueo, pero también descargó culpas en los partidos nacionalistas, “por determinadas actuaciones pasadas de acoso y derribo a este marco”, y por ello pidió votar por puntos, a lo que los grupos firmantes se negaron.
La moción aprobada ayer llega con la cuestión catalana en un laberinto sin aparente salida y con Ciudadanos y sus tesis ultracentralistas en crecimiento exponencial en el Estado. En ese contexto, el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, lleva ocho meses esperando una respuesta de su homóloga en Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, para debatir sobre el documento que detalla las 39 transferencias pendientes y que se le remitió en septiembre.
los argumentos En todo caso, la discusión se desarrolló en los términos habituales, por cuanto es un tema recurrente en la Cámara vasca. Por un lado, se denunciaban los bloqueos de PP y PSOE; por otro, se acusaba al PNV de mercadear con los traspasos cuando los partidos mayoritarios en España necesitan sus votos para gobernar; y por otro, se daba la bienvenida a EH Bildu a la defensa del marco legal vigente.
Marco que no está vigente, sin embargo, en opinión de Larraitz Ugarte. “Yo no diría que el Estatuto ha muerto, diría que no ha nacido”, enfatizó la parlamentaria soberanista, que puso en valor el “amplio consenso” en el Parlamento en torno a la reclamación ayer sustanciada y denunció que las competencias pendientes “están secuestradas”. Se preguntó además si “solo los independentistas tenemos que cumplir la ley”, en referencia a las continuas apelaciones del Estado al respeto al marco establecido en Catalunya, mientras en Euskadi no se aplica en su integridad una ley protegida por la propia Constitución española.
El portavoz jeltzale, Joseba Egibar, reivindicó “el espacio de poder reconocido pero no transferido”, y en ese sentido explicó que solo el traspaso de la Seguridad Social supondría la gestión de más dinero del que maneja cada año el Gobierno Vasco en sus Presupuestos. Asimismo, defendió la apuesta del PNV en la Ponencia de Autogobierno y las negociaciones que han ido completando el Estatuto ante “el estado de necesidad del gobierno de turno”.
Por su parte, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Edurne García censuró a PP y PSOE por haber hecho “bandera política” del Estatuto sin “voluntad de respetarlo”. También acusó al PNV de haber “devaluado durante décadas el valor político y social del Estatuto, utilizándolo como moneda de cambio en sus cambalaches en Madrid, cambalaches con PP y el PSOE, cambalaches presupuestarios, de investiduras y de pactos de legislatura”. Según García, es precisa una “exigencia legal” en torno al cumplimiento del texto de 1979, puesto que el Parlamento Vasco ya ha realizado esta reclamación en otras cinco ocasiones sin que se haya producido resultado alguno.
el pp se defiende Por parte del PP, Borja Sémper afirmó que durante años no se han reclamado transferencias como la de las prisiones “para no ser los carceleros”, con lo que insinuó que ha sido el PNV quien no ha querido asumir la competencia. También afirmó que el incumplimiento del Estatuto “no afecta al servicio que se presta al ciudadano”, y aseguró que el propio informe del Gobierno Vasco que fija en 39 las transferencias pendientes se autoenmienda en materias como los puertos y los aeropuertos. En todo caso, pidió “serenidad” porque “hay margen para seguir avanzando”. Según dijo, los gobiernos español y vasco alumbrarán nuevos acuerdos sobre las competencias pendientes en el seno de la comisión mixta de transferencias. “El diálogo y el acuerdo no van a faltar”, dijo el portavoz del PP, el único partido que votó en contra de esta iniciativa en el Parlamento.
