madrid - “Presionar, acosar, a los jueces, periodistas, policías y, sobre todo, a todo aquel que no comulgue con el independentismo es una forma de violencia contra ellos”. Así se manifestó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuando fue preguntado por las declaraciones realizadas por el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que se refirió a la situación política en Catalunya señalando que es “una gran injusticia” que se compare a los Comités de Defensa de la República (CDR) “con la kale borroka o la banda terrorista ETA”, como sugirió también el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos. Muchos ven en las palabras de populares y socialistas un intento de ilegalizar a las CUP para que unos hipotéticos comicios los números, al fin, beneficien al constitucionalismo.
El ministro, que matizó que no tenía interés en polemizar con el laureado entrenador, cargó además contra los partidos independentistas por “intentar imponer un proyecto excluyente a la mitad de la población por las bravas”, algo que considera que “no es democrático”. Lo hizo además al cumplirse 155 días de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y 100 días después de las elecciones del 21-D, donde hubo mayoría secesionista. Pero Zoido insistió en que la presión que, según él, se da sobre jueces y fiscales constituye violencia, así como “enfrentarse” con la Policía.
Y todo en medio de un bloqueo institucional que no permite atisbar una salida inmediata en el horizonte y de una escalada de protestas derivada de la detención en Alemania de Carles Puigdemont. 155 días en los que se ha procedido a la destitución de 260 cargos de la Generalitat, al desmantelamiento de la llamada estructura de Estado con la que se estaba preparando la secesión, y al cierre de las embajadas en el exterior, excepto Bruselas y Madrid. Ya ha empezado a correr el reloj para la próxima convocatoria electoral con la fallida investidura de Jordi Turull, y es que de no haber pacto independentista, de aquí al 22 de mayo, se llamará de nuevo a los catalanes a las urnas. Las fuerzas rupturistas podrían recurrir de nuevo a la opción de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, antes de apostar por alguien limpio como Elsa Artadi o Ferran Mascarell, e incluso Eduard Pujol. La vertiente judicial ha estado en primer plano estos meses, en los que entraron en prisión Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Ya estaban en la cárcel preventivamente desde antes del 155 Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Todos ellos están procesados por el delito de rebelión, del que también se acusa a Puigdemont, y a los exconsellers exiliados Antoni Comín (Bruselas) y Clara Ponsatí (Escocia), así como a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza, donde está la cupera Anna Gabriel.
La detención de Puigdemont, cuando volvía en coche de participar en un acto en Finlandia, soliviantó a muchos soberanistas hasta el punto de reactivarse los llamados CDR. Mientras, desde el Ejecutivo de Rajoy se incide en que con sus actuaciones se ha vuelto a poner en marca la agenda social y económica que “la Generalitat paralizó durante meses”. Y demandan un candidato a president sin causas judiciales para aparcar el 155, algo harto difícil. - I.S.M.