MADRID - Anna Gabriel cumplió su amenaza ante la falta de un “juicio justo” en España y con idea de aportar más desde la libertad que “detrás de las rejas”. El juez Pablo Llarena desoyó a la Fiscalía General del Estado y ordenó la detención y puesta a disposición del Tribunal Supremo en el Estado español de la exdiputada de la CUP, tras su incomparecencia de ayer ante el instructor, sin alegar causa legítima que se lo impida. En virtud del articulo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este tipo de incomparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención. Llarena limita esa orden de detención al ámbito español, como hizo con Carles Puigdemont y los consellers cesados que siguen en Bélgica. Según aseguran fuentes jurídicas, el Ministerio Público pidió que se ordene a la Interpol que sea localizada para luego iniciar los trámites de extradición, si se confirma que efectivamente se halla en Suiza. Ella misma se ha dejado ver allí en varias entrevistas.

Según Fiscalía, “habiendo eludido la acción de la Justicia, se procederá a su detención para ser puesta a disposición del órgano judicial, a los fines de impedir que continúe en situación de fuga”. El Ministerio Público reclama que se decrete la prisión provisional y se ordene su busca y captura internacional “para proceder a su posterior reclamación a las autoridades suizas”, en base al convenio de extradición. Anna Gabriel estaba citada ante el Tribunal Supremo por su papel en el proyecto para declarar la independencia de Catalunya, presuntamente, fuera de las vías legales. Tras la constatación de que no aparecía, la secretaria judicial levantó acta de incomparecencia media hora después.

La elección de Suiza se debe a que no es un país de la Unión Europea y complica el proceso de extradición. En caso de que se persiga a alguien por una causa política, Suiza rechaza las extradiciones y el delito equiparable a la rebelión y la sedición en España de su código penal, requiere el “uso de la violencia”. Un portavoz de la Oficina Federal de Justicia ya apuntó que “según las informaciones de medios de comunicación, a priori se trataría de delitos políticos de los que se acusa a la política catalana”, y que “por tanto Suiza no tramitaría una eventual solicitud de extradición ni tampoco petición de asistencia judicial”.

Gabriel replicó tras saber de la orden de detención que tiene intención de “poner un espejo al sistema judicial y al Ejecutivo español” para evidenciar que se le persigue por cuestiones políticas si se cursa la petición de extradición. “Es una persecución política, lo que nos quieren atribuir no existe”, sostiene sobre el delito de rebelión que le imputa el juez por los informes de la Guardia Civil, sobre los que Gabriel censuró que no sean individualizados. “Cómo CUP e izquierda independentista decidimos compartir y desdoblar la estrategia de defensa. Mireia Boya se presentó ante el juez y yo marché del país, que es desagradable, duro y doloroso, para denunciar las injusticias”, comentó en TV3.