MADRID - El Gobierno español estudia la viabilidad jurídica de impulsar, al amparo del artículo 155 de la Constitución española que mantiene intervenido el autogobierno catalán, una casilla en los formularios de matriculación de la escuela para que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos, después de que se lo haya solicitado el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC). Esta medida se recogía en la reforma educativa del exministro Wert, pero nunca se ha puesto en práctica. Mariano Rajoy estudia ahora si tiene margen para forzar el cambio con el artículo 155, lo que supondría dinamitar el modelo de inmersión lingüística en Catalunya, que lleva operando desde los años ochenta y que cuenta con un amplio consenso social y político. El artículo 155, que se aplicó para evitar la independencia de Catalunya, se extendería ahora a otras materias que nada tienen que ver con el procés. Los soberanistas recriminaron ayer a Rajoy que se plantee este cambio, y pretenda gobernar Catalunya y hacer lo que no puede desde sus cuatro escaños del Parlament.
Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron esta posibilidad después de que el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, se reuniera ayer en el Palacio de La Moncloa con el presidente español, Mariano Rajoy. Según Rosiñol, el jefe del Ejecutivo les trasladó que esta petición está ya en la carpeta del Ministerio de Educación y se está estudiando. Para las plataformas de apoyo al castellano, esta casilla era ya una obligación legal en virtud de la reforma de Wert.
El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, también aludió ayer a esta cuestión y adelantó que el Ministerio está comprobando si le corresponde publicar la resolución con las normas para la matriculación de los alumnos catalanes el próximo curso, unas normas en las que se incluiría la citada casilla. “Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas, pero también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155”, dijo.
El modelo educativo es de inmersión total en catalán en los cursos de Primaria. No obstante, tras la reforma de Wert, los alumnos catalanes tienen desde 2014 la opción de estudiar en castellano, pero deben solicitarlo por escrito. Lo que plantea el Gobierno español es agilizar este proceso incluyendo una casilla en los documentos de la matrícula. Solo una decena de familias pidió estudiar en castellano tras la reforma educativa. Según esa reforma, si la administración educativa competente “no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos y alumnas en centros privados en los que exista dicha oferta”.
Los soberanistas y los comunes acogieron ayer esta noticia con sorpresa e indignación. ERC, además, urgió a conformar ya un Govern para levantar el 155 y evitar este tipo de actuaciones por parte del Gobierno español. ERC, el PDeCAT y En Comú cargaron contra el Gobierno español porque “no tiene legitimidad para alterar” desde Moncloa el modelo “de éxito” de la escuela catalana.
Críticas El coordinador parlamentario del PDeCAT, Jordi Xuclà, recordó a Madrid que “para gobernar se requiere la legitimidad que dan los ciudadanos con su voto” y, a su juicio, el PP, con cuatro diputados en el Parlament, no la tiene. “La mayoría va más allá de los setenta diputados del bloque soberanista. Estoy seguro de que a esto se suman En Comú y el PSC, que han defendido un modelo de integración lingüística con el catalán como lengua vehicular”, recalcó.
Para la diputada de ERC Teresa Jordà, la propuesta que ahora se plantea es una de las “pretensiones” con las que nació Ciudadanos. “Esta pretensión ha sido comprada por el PP”, dijo. El portavoz de Unidos Podemos en materia de Educación, el diputado de En Comú, Joan Mena, también destacó que el PP “no puede cargarse los consensos mayoritarios que hoy tiene la sociedad catalana”. “No se nos escapa que este anuncio se inscribe dentro de la guerra electoral que están protagonizando el PP y Ciudadanos”, añadió. - DNA/Efe
