Barcelona - Los nuevos pasos dados por el presidente del Parlament, Eduard Torrent, rechazando incluir en el orden del día de la Mesa la iniciativa de JxCat para modificar la ley de Presidència, así como proponer transmitir a Estrasburgo la defensa de la candidatura de Carles Puigdemont como president, han tensado aún más las relaciones entre ERC y la formación que lidera en el exilio quien fuera jefe del Govern. El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, reflejó esta desavenencia al recriminar a la máxima autoridad de la Cámara, y por extensión a los republicanos, que tome decisiones sin previa consulta. “Hemos recibido con perplejidad” que lleve el caso al Tribunal de Derechos Humanos “de manera arbitraria y unilateral”, reflejó el dirigente de la formación que encabeza Puigdemont.

Su compañera de filas, Gemma Geis, solicitó además a Torrent que su estrategia vaya de la mano de la que estudian los abogados del expresident con “mucha discreción”, desde Bruselas, y que obliga a una “máxima rigurosidad” para garantizar la eficacia y que Puigdemont pueda recuperar el cargo que le sustrajo la aplicación por parte del Estado del artículo 155 de la Constitución.

Mientras que Pujol matizó que al final “acabará habiendo una gran causa catalana en Estrasburgo” donde se acabará juzgando “todo aquello que está pasando en este Parlament, en la vida política de este país, respecto a los diputados electos en prisión”; Geis afirmó no entender la decisión de Torrent de no tramitar la reforma de la ley de Presidència, ya que “se adapta rigurosamente a la normativa”. “Es plenamente posible en el marco legal de hoy en día y en el marco de la soberanía que tiene el Parlament de Catalunya. No tenemos prisa, pero tampoco queremos dejar de caminar”, zanjó.

En paralelo, desde el entorno de Torrent aclararon que durante la reunión de la Mesa el presidente del Parlament informó de su intención de solicitar la demanda de medidas cautelares al Tribunal de Derechos Humanos al vicepresidente del órgano y diputado de JxCat, Josep Costa, “sin que hubiera ninguna oposición”. En todo caso, fuentes próximas a Torrent señalan que se encontrarán las vías para hacer compatible las dos defensas “con el objetivo de preservar los derechos del president Puigdemont como diputado”.

En este contexto, Torrent se posicionó a favor de constituir la comisión del Reglamento para abordar su modificación con el objetivo de investir a Puigdemont a distancia, algo que cuenta ya con el rechazo de la oposición que alega que la comisión no se puede crear antes de formar un Ejecutivo porque precisamente por su condición de comisión legislativa debe ser constituida una semana más tarde a la formación de Govern. Torrent piensa que cuenta con potestad para constituirla pero siempre después de que se acuerde desde la Junta de Portavoces, que se reunirá la próxima semana, y que debería fijar también quién compone esta comisión.

La modificación de la ley de Presidència no estaba en el orden del día, aunque JxCat preguntó a Torrent por qué, alegando éste “motivos formales” ya que el grupo de JxCat presentó dos escritos sobre el mismo asunto que son, a su juicio, “contradictorios”. En uno se pide la tramitación por lectura única y en el otro, por urgencia extraordinaria, lo que es “incoherente”. Torrent cree que no incluir la proposición de JxCat permite al primer grupo independentista “clarificar qué pide exactamente” y evita que la Mesa lo pudiera tumbar ayer “por motivos formales”.

Desde las filas constitucionalistas no tardaron en lanzar críticas al presidente del Parlament. La socialista Eva Granados destacó que “Torrent tiene que tomar decisiones. Abrir una nueva ronda de consultas, como le ha solicitado Miquel Iceta, porque es evidente que la candidatura de Puigdemont no es posible”. Respecto a la decisión de presentar una demanda al Tribunal Europeo dijo tener “la sensación que no va a ningún sitio, ya que es un tribunal de última instancia”. Para el dirigente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, “el desbloqueo está en manos del señor Torrent, y por lo tanto es él quien tendrá que hacer un movimiento, si va a cambiar de candidato o si ofrecerá la única alternativa a un señor que está huido de la justicia y no puede comparecer ante nosotros”. Para la portavoz de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, “hay que poner fin a los simbolismos” para acabar con “la ofensiva autoritaria del Estado” en Catalunya. “Esta semana empezaremos una ronda de contactos con diversas entidades sobre la situación de excepcionalidad democrática que vivimos, la necesidad de acabar con la aplicación del artículo 155 y constatar los riesgos de no conformar gobierno”. Y, entre tanto, JxCat y ERC siguen sin forjar un acuerdo que enarbole al independentismo.