no es el mejor momento, ciertamente, pero ya es hora de afrontarlo. Acometer de manera definitiva el debate de la Ponencia de Autogobierno, como acaba de hacerlo el Parlamento Vasco, va a suponer un campo de minas en el ambiente político crispado y viciado de codicia electoral que ha dejado el procès catalán inacabado. No es el mejor momento, insisto, en plena ansia recentralizadora y con un nacionalismo español rampante y agitado de rojigualdas.
Sin embargo, y a pesar de ese ambiente poco propicio, era necesario abordar las vías de solución para un problema irresuelto desde que en 2004 el lehendakari Ibarretxe dio la cara ante las Cortes españolas denunciando la ineficacia de un Estatuto incumplido y evidenciando el derecho de la ciudadanía vasca a decidir el cómo y el cuánto de su vinculación al Estado español. De aquel intento -y aquel portazo- al día de hoy, se han producido acontecimientos de tanta envergadura como el final de la acción armada de ETA, la aceptación de la legalidad por parte de todas las fuerzas políticas vascas, la estabilidad social, económica y política del país y la vía del diálogo y el consenso para la resolución de las reivindicaciones de autogobierno, liderada por el lehendakari Iñigo Urkullu.
Ya tocaba afrontar de una vez por todas el desarrollo y acuerdo de la Ponencia de Autogobierno planteada por el lehendakari Urkullu en 2014, y terminar con ese azaroso camino salpicado de recelos, autoexclusiones, retiradas y retornos. A pesar de los desplantes y suspicacias -demasiado vinculadas al momento electoral de turno-, por las reuniones de la Ponencia han desfilado ya todos los expertos que tenían que desfilar, de todas las tendencias y según cada partido. Ha llegado, por fin, la hora de retratarse. Por supuesto, en cada pronunciamiento habrá que contar con la mochila histórica de cada quién, sin que puedan evitarse las salpicaduras del fracaso catalán, las circunstancias adversas del momento político y la dificultad propia de un tema tan sensible.
No debe pasar inadvertida la metodología propuesta por el Gobierno Vasco y aceptada por todos los intervinientes: primero, acuerdo entre las fuerzas parlamentarias de una fórmula que respete la legalidad, y después negociación de ese acuerdo con el Gobierno español. Bilateralidad, por tanto, y respeto de las normas legales. La experiencia frustrada de Catalunya ha avalado la vía vasca como fórmula realizable.
Ante un Estatuto, el de 1979, absolutamente deteriorado por incumplido y obsoleto por el profundo cambio histórico de estos 40 años, tenía que darse este paso y afrontar de cara el cambio de estatus. Un cambio que supere el concepto de la indisoluble unidad de la nación española. Un cambio que reconozca a Euskadi como nación. Un cambio que posibilite a la sociedad vasca el derecho a decidir mediante un referéndum pactado. Un cambio que facilite la cohesión de una sociedad progresista, transversal y reconciliada.
Ya tocaba abordar en serio y de manera definitiva el debate de esta Ponencia de Autogobierno tantas veces iniciada y tantas veces aplazada. Esta vez, al menos, se ha conseguido integrar a todas las fuerzas parlamentarias en el empeño. Cada una con su propuesta, de máximos o de mínimos según ambiciones y convicciones.
Como era de esperar en el ambiente político madrileño, más crispado y exaltado mirando a las elecciones, en competencia de españolidad, han llovido improperios contra las propuestas presentadas por PNV y EH Bildu. La apelación al derecho a decidir es ya delito de lesa patria, y no faltan clamores al Tribunal Supremo y al juez Llarena para que vaya preparando el freno al Plan Urkullu, al que dedicarán tantas infamias como al de Ibarretxe. Va a llover. Ya está lloviendo.
En descripción de brocha gorda, era hora, pues, de conocer que el PNV recurre a la Transitoria Cuarta y a los Derechos Forales para ejercer el derecho a decidir sobre el encaje de Euskadi en el Estado; que EH Bildu acepta la bilateralidad y la legalidad para ese derecho a decidir que considera irrenunciable; que Podemos, tinta de calamar, defenderá el derecho a decidir pero no solo en la territorialidad, sino en todos los asuntos que atañen a los derechos sociales; que el PSE insiste en modificar la Constitución para adecuarla a las peculiaridades territoriales; y que el PP, como no podía ser menos, cree que estamos muy bien como estamos y no hay que tocar nada.
La Ponencia no ha hecho más que empezar y es difícil saber cuánto dará de sí. Pero, al menos, ya ha iniciado su camino. En España, con Catalunya aún irredenta, claman contra el autogobierno vasco. Ladran, luego cabalgamos.
