barcelona/madrid - El Gobierno español se lanzó ayer a tumba abierta anunciando un recurso preventivo contra la investidura de Carles Puigdemont que se volvió en su contra en unas horas. Su decisión recibió el varapalo del Consejo de Estado, provocó el cierre de filas de JxCat y ERC y reforzó la candidatura del president cesado. PP y PSOE habían pactado ese recurso, y la duda radica en si estaban al tanto del sentir del Consejo de Estado, o no lo sondearon y cometieron un error de cálculo difícil de imaginar teniendo en cuenta la composición de ese organismo, plagado de antiguos cargos de ambos partidos.
Madrid seguirá adelante con un recurso al TC cuya mera evocación no sirvió para detener la convocatoria de la investidura. El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó ayer la sesión de investidura de Carles Puigdemont para el próximo martes a las 15.00 horas. Torrent no se anduvo con ambigüedades y aludió de manera expresa en su convocatoria a la “investidura del diputado Carles Puigdemont como candidato propuesto a la presidencia de la Generalitat”. La convocatoria del pleno, que llegó antes del varapalo del Consejo de Estado, no fue un acto de desobediencia porque aún no hay sentencia del Tribunal Constitucional. Si finalmente hay recurso de Madrid y el tribunal suspende el pleno antes del martes a las 15.00 horas, la gran incógnita es si la sesión llegaría a celebrarse. Sería entonces cuando Torrent tuviera que tomar una decisión que podría tener consecuencias penales para él mismo y que le expondría a seguir el camino de su antecesora Carme Forcadell, en libertad provisional.
Aunque ERC había lanzado mensajes en las últimas jornadas a favor de una política más pragmática y alejada de la vía unilateral, la ofensiva de Madrid contra Puigdemont le complica poner sobre la mesa un plan B para la investidura en la persona del vicepresident cesado, Oriol Junqueras. Ayer no era el momento de hacerlo, y así lo confesó Sergi Sabrià. Aseguró que su partido dará la batalla para que Puigdemont pueda ser investido, y pedirán informes jurídicos y recurrirán en todas las instancias. Madrid pretendía justo lo contrario: dividir al soberanismo. En cualquier caso, aún es pronto para aventurar si el cierre de filas se mantendrá hasta sus últimas consecuencias o solo es una sintonía temporal forzada por las circunstancias. Lo llamativo de la jornada fue cómo empezó con la división de JxCat y ERC por la fecha del pleno (JxCat hablaba del miércoles), y cómo terminaron en sintonía.
las opciones El escenario más complejo sería la desobediencia abierta a una suspensión del TC y celebrar la investidura de Puigdemont el martes, ya sea por vía telemática, presencial o en un formato más simbólico que consistiera en la lectura de su discurso por parte de un diputado de su lista, que podría ser Elsa Artadi. Podría provocar una nueva convocatoria electoral por parte de Madrid con el artículo 155 y alargaría la suspensión del autogobierno. Las elecciones serían en mayo.
Otra opción consistiría en suspender el pleno a última hora y ganar tiempo. Podría aplazarse para retomar la investidura de Puigdemont antes de que expiren los dos meses de plazo para convocar elecciones, o investir en unas semanas a otro candidato (otro miembro de JxCat, como Artadi; o Junqueras). Si ahora solo llegara una suspensión cautelar y la sentencia final se demorase meses, esperarla supondría desbordar el plazo legal de la investidura e ir a elecciones.
La tercera alternativa consistiría en investir este martes a otro candidato, aunque parece demasiado prematuro en un clima de indignación por la decisión de Madrid. La ANC se ha activado y la actitud que impera ahora dentro del soberanismo es de resistencia.
El informe del Consejo de Estado dio ayer munición a los soberanistas para denunciar un “fraude de ley” y hacerlo en el futuro en instancias europeas. El enganche que tiene el soberanismo es la debilidad de argumentos de Madrid para impedir una investidura con carácter preventivo.