barcelona - La proclamación oficial de Carles Puigdemont como candidato a la investidura en Catalunya sirvió a los soberanistas para ganar tiempo y despejar pocas incógnitas. Se desconoce la fecha (aunque la sesión debe celebrarse el próximo miércoles a más tardar) y tampoco están claras las opciones de que tenga validez jurídica si el president cesado no abandona su huida en Bélgica y no acude de manera presencial al Parlament.

Si el president cesado mantiene su intención de gobernar desde el exilio y someterse a una investidura a distancia desde Bruselas para evitar ser encarcelado en cuanto pise suelo estatal, el Gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional para impedir esa votación, o bien para anular sus efectos si se celebra. JxCat podría enrocarse con el argumento de que es necesario restaurar el Govern previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Es la opción más arriesgada y supondría recuperar la vía unilateral y el choque con el Estado. Insistir en ese procedimiento supondría que el Gobierno de Rajoy perpetuase el artículo 155 en Catalunya y, con toda probabilidad, volvería a forzar unas elecciones si restara validez a la investidura y la diera por no celebrada. El propio rey Felipe VI podría no firmar el decreto de nombramiento. ERC prefiere actuar con pragmatismo y no cabe esperar que secunde al PDeCAT en esa estrategia. En los últimos días ha presionado en contra de la vía telemática. La prioridad de buena parte del soberanismo es recuperar el autogobierno y evitar otro choque.

¿plan b? Durante la campaña electoral, Puigdemont prometió regresar si reunía los apoyos necesarios para gobernar. No obstante, los cambios de guion han sido constantes y en las últimas horas ha tratado de escenificar que su huida no es un gran impedimento logístico para gobernar. Algunos medios filtraron que estaba realizando los trámites para empadronarse en Bélgica porque no había conseguido de España ninguna garantía para evitar su encarcelamiento por rebelión. “Hoy en día, las nuevas tecnologías permiten no estar físicamente en el Palau para gobernar”, dijo la semana pasada. Puigdemont defendió que sí puede gobernar desde el exilio, y solo vio limitaciones en el caso de ser encarcelado. Ayer exhibió su libertad de movimientos viajando a Dinamarca para impartir una conferencia, frente al encarcelado Oriol Junqueras, de ERC.

En las últimas horas, por el contrario, su abogado no descartaba un regreso a Catalunya. La presión de ERC es cada vez mayor y la posibilidad de que Rajoy fuerce otras elecciones provoca inquietud. El soberanismo coincide en que JxCat, ERC y la CUP están obligados a intentar la investidura de Puigdemont. Podría tratarse únicamente de intentarlo. Si los tribunales anularan esa vía, los soberanistas podrían dar por cubierto el expediente y pactar otro candidato. No sería fácil de gestionar para JxCat y ERC, que tendrían que ponerse de acuerdo en un nuevo aspirante en plena crisis de confianza entre ambos.

En primer lugar, deberían acordar qué partido podría proponer un candidato. Es previsible que JxCat haga valer su condición de grupo más votado dentro del abanico soberanista. Han sonado con fuerza la directora de campaña de JxCat, Elsa Artadi; el exdirector de Rac-1, Eduard Pujol; o cualquier otro nombre libre de procedimientos judiciales, lo que invalida inmediatamente a Josep Rull y Jordi Turull.

Tampoco se descarta que ERC pueda darle la vuelta al argumento de la restitución del Govern para postular a Oriol Junqueras como solución natural, por haber sido el vicepresident de Puigdemont y su número dos, aunque su estancia en prisión puede devolver el debate al terreno de las dificultades logísticas para ejercer. Solo le separaron 10.000 votos de JxCat en las elecciones, y podría presionar para colocar a uno de sus representantes.

El tercer escenario vendría de la mano del regreso de Puigdemont para presentarse en persona. Implicaría su ingreso en prisión nada más pisar suelo estatal. Podría jugar la carta de la libertad condicional o los permisos de salida, pero la dureza del juez Llarena con Junqueras no anticipa manga ancha, y Puigdemont ha dicho que no se puede gobernar en la cárcel.