madrid - El juez Pablo Llarena ha entrado de lleno en el terreno de las estrategias políticas para rechazar una euroorden de detención contra Carles Puigdemont por su viaje desde Bélgica hasta Dinamarca. La decisión de Llarena era la esperada porque Puigdemont es libre de moverse por cualquier país del mundo, salvo el Estado español, donde será arrestado nada más poner un pie en tierra firme. Sin embargo, lo que llamó la atención en el auto del juez del Tribunal Supremo fue su argumentario. El magistrado evitó la euroorden porque, a su juicio, un arresto era precisamente lo que esperaba el president cesado para ser retenido temporalmente en Dinamarca y poder justificar de ese modo su investidura a distancia. Su decisión dificulta aún más la investidura telemática de Puigdemont. Además, el juez contradijo a la Fiscalía, que sí era partidaria de la euroorden. El Gobierno español mantuvo un perfil bajo en esta polémica.

En el auto hecho público ayer, Llarena opinó que Puigdemont quería provocar su detención para poder delegar su voto en la investidura y poder postularse como candidato a distancia, haciendo ver que su residencia en el extranjero es obligada y no es su deseo personal o una huida de la justicia. Ayer se anunció la candidatura oficial de Puigdemont para la investidura, que deberá celebrarse como muy tarde el próximo miércoles. Sin embargo, el Gobierno español la anulará ante el Tribunal Constitucional si se produce a distancia. Puigdemont habría intentado salvar ese escollo con una retención en Dinamarca para justificar así la vía telemática.

Según dijo Llarena, su intención era “favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal” para “forzar” la delegación de su voto como si su situación fuese la de “privación de libertad”. Le llamó la atención que “desvele por adelantado su intención” de trasladarse y “que proclame además el punto concreto donde estará presente”. Su propósito sería la “provocación de una detención en el extranjero” frente a la “imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento”. Todo ello, con el objetivo de “alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener”.

Lo que viene a decir Llarena es que Puigdemont quería utilizar la euroorden para “burlar” la ley a favor de sus intereses. El juez se refiere a la detención temporal en Dinamarca como herramienta para que Puigdemont pueda justificar la vía telemática en la investidura, y no se refiere a su eventual entrega al Estado español como colofón del proceso, un desenlace que el president cesado quiere evitar. El magistrado, que investiga a Puigdemont por, entre otros, un delito de rebelión tras la declaración unilateral de independencia suspendida, cree que el candidato intenta “pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.

el juez se defiende Llarena retiró las euroórdenes contra Puigdemont en Bélgica hace unas semanas, un movimiento que se interpretó como un intento de evitar un varapalo europeo y que la justicia belga pudiera descafeinar la causa eliminando el delito de rebelión. El juez desmintió ayer esa versión y encuadró esa decisión en la necesidad de garantizar la igualdad de todos los procesados, porque Puigdemont y los otros cuatro consellers en Bruselas podrían verse sometidos a unas acusaciones más leves que los investigados en suelo español.

“Dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones ante este tribunal”, agregó. Según dijo, otras interpretaciones provienen de “sectores interesados” y defendió que la calificación de los hechos por parte de la justicia española no es “inadecuada o errónea”.