El fiscal afirma que la “trama” de De Miguel tuvo amparo del “establishment”

Así, Izaguirre mantuvo su acusación de asociación ilícita, pues aunque no todos los supuestos implicados tenían por qué conocer dicha trama, como apuntó después su compañero de la Fiscalía Manuel Pedreira, “Kataia (la empresa de De Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano) estaba en todas partes”. Pedreira, por su parte, afirmó que “el nexo de unión de todos los acusados se basa en su relación con este entramado”, y aseguró que “no hay compartimentos estancos” en la investigación sobre “un entramado societario para la consecución de fines ilícitos”.

Con respecto a la denuncia de las defensas de que se vulneraron los derechos fundamentales de sus clientes, Izaguirre subrayó la “escrupulosidad” del juez instructor, Roberto Ramos, y la profesionalidad de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, cuyos miembros trabajaron codo con codo con el juez instructor y el fiscal en un despacho de la propia Audiencia alavesa. Izaguirre tenía claro, dijo, que de otra manera la investigación no habría podido salir adelante. En ese sentido, el fiscal censuró que los agentes estuvieron “sometidos a muchas presiones”, a pesar de lo cual desarrollaron un trabajo “impecable”.

También se refirió Izaguirre a la pretensión de anular las grabaciones realizadas a los acusados por la denunciante, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi. Según dijo, no se rompió la cadena de custodia, la grabadora estuvo controlada en todo momento por la Policía, y no se ha demostrado manipulación alguna en los 24 audios que Alberdi trasladó al juzgado. Las horas y fechas que registra la grabadora no coinciden con las reales, señaló, porque no se cambió su configuración de fábrica. En cuanto al resto de pruebas, “todo fue numerado, fotografiado y clonado en sede judicial”.

el ‘caso palau’ Ante el alegato sobre la nulidad del caso Guateque que expusieron las defensas por la obtención ilícita de grabaciones, Izaguirre señaló que en ese caso fue la Guardia Civil la que empleó el “truco” de entregar una grabadora a una persona para registrar pruebas de delito, una grabadora que además desapareció. Apeló además a la reciente sentencia del caso Palau, en la que se explica que la ruptura de la cadena de custodia puede afectar a la fidelidad de la prueba, pero no vulnera derechos fundamentales.

En el caso De Miguel, fue la propia Alberdi la que realizó las grabaciones por su propia iniciativa. Además, puso en conocimiento del presidente de la Red de parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, las supuestas irregularidades con los correos electrónicos que presuntamente probaban las irregularidades en la mano. Después de que éste, en lugar de poner coto a las supuestas ilegalidades, pidiera a De Miguel que fuera “más discreto”, Alberdi decidió acudir a la Fiscalía. “No es una loca que se presenta en el despacho y le cuenta una historieta”, señaló Izaguirre.

cita en el despacho oficial En todo caso, aunque se anularan las grabaciones, hay “correos desde servidores oficiales” enviados por De Miguel a Alberdi en los que “registra por escrito” la petición de la comisión ilegal que destapó el caso. El entonces diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial llegó a citar a Alberdi, afirmó Izaguirre, en su despacho del Palacio Foral, para exigirle los 100.000 euros pactados de antemano con su exsocio Jon Iñaki Echaburu por la adjudicación de la ampliación del parque. Incluso las presiones alcanzaron al padre de la denunciante. Tras sufrir “acoso o coacción” por parte de los principales acusados, Ainhoa Alberdi fue descartada para posteriores concursos públicos.

En el ámbito de la anécdota, Izaguirre ironizó sobre Kataia, una empresa sin apenas actividad que ha constituido “la aportación vasca a la historia de la corrupción”, pues tenía fijada su sede en una sociedad gastronómica.

El fiscal, a cuyas tesis se adhirieron las acusaciones ejercidas por el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia, rechazó por otro lado la petición de dar por prescritos los delitos de los acusados, un extremo sobre el que se pronunciará el tribunal en la sentencia que cierre el caso en primera instancia, al igual que hará con respecto a la nulidad del proceso. A juicio de Tapia, fallar sobre estos asuntos en la fase de cuestiones previas es posible, pero “excepcional”, y aludió precisamente a los casos Guateque y Palau, cuyas resoluciones sobre las nulidades se dieron precisamente en las sentencias. De esa manera, se evitarán nuevos juicios si la causa termina en el Supremo, y en todo caso, afirmó, si se eliminan las grabaciones queda la declaración de Alberdi, que ningún parte ha impugnado.

Sí se pronunció el magistrado Tapia sobre la posible ilegalidad de la retención y análisis de equipos informáticos por parte de la Ertzaintza. Según dijo, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional avalan este tipo de incautaciones de soportes tecnológicos.

Además, el juez permitió que los acusados no estén obligados a asistir a todas las sesiones del juicio, que se prolongará previsiblemente hasta el mes de octubre, y rechazó retirar de la causa a Jesús Arruti, con problemas físicos y psiquiátricos. No obstante, se permitirá ir revisando periódicamente su estado de salud.

En breve el tribunal de la Audiencia alavesa emitirá un auto en el que resolverá el resto de cuestiones previas planteadas y el día 19 de febrero comenzará la fase de prueba del juicio. Desde entonces y hasta el próximo mes de octubre declararán cerca de 150 testigos y peritos en una causa que además del caso concreto de la presunta comisión denunciada por Alberdi dilucidará la existencia o no de responsabilidades en una recalificación frustrada en el municipio de Zambrana, o en la adjudicación de contratos a empresas de la presunta trama por parte del Gobierno Vasco. De hecho, el juicio se ha dividido en doce bloques para tratar por separado cada uno de los aspectos de la investigación.