barcelona - Tal como estaba previsto, el acuerdo previo alcanzado entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, acuerdo al que se había sumado también la CUP, aupó al diputado de ERC Roger Torrent a la presidencia del Parlament de Catalunya tras una sesión en la que, al igual que en la anterior legislatura, no faltó la bronca, aunque en esta ocasión en menor medida. Merced a este acuerdo entre las formaciones soberanistas y la postura de los ocho diputados de Catalunya En Comú-Podem, que, tal como habían anunciado, no se posicionaron en ninguno de los bloques -el independentista y el constitucionalista-, la Mesa del Parlament volverá a estar controlada por las formaciones soberanistas.

Los sillones vacíos donde se debían sentar los miembros del Govern y los grandes lazos amarillos en los escaños de los ocho diputados soberanistas ausentes era la muestra palpable de que el arranque de la XII Legislatura catalana era extraña e inhabitual, como extraño e inhabitual es que la autonomía catalana esté intervenida por el Gobierno español en virtud del artículo 155. Una situación singular e insólita de la que dio cuenta el diputado de ERC Ernest Maragall, a quien le tocó presidir la Mesa de Edad, lo que le permitió pronunciar un discurso a favor de los diputados presos y exiliados, al tiempo que denunció la actitud del Estado español en su afán por “humillar a Catalunya”. “El Estado no quiere reconciliación. No sabe ganar, solo sabe derrotar. No sabe compartir, solo sabe imponer y humillar”, se quejó con contundencia.

Voto delegado y voto en blanco El punto conflictivo que presentaba el pleno era si las formaciones soberanistas pedían que sus ocho diputados ausentes -tres en la cárcel y cinco exiliados en Bélgica- delegaban el voto en diputados de sus grupos que sí estaban en el hemiciclo. Mariano Rajoy había advertido de que impugnaría ante el Tribunal Constitucional si se pedía el voto delegado para los que están en Bélgica y que estudiaría si hacerlo si se pedía para los tres que están en la cárcel. Al final, sí se pidió ese voto delegado para los tres diputados encarcelados -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn-, mientras que los cinco exiliados en Bélgica, con el cesado presidente Carles Puigdemont a la cabeza, rehusaron solicitar esta medida pensado quizá en la próxima y transcendental batalla que les aguarda, la de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Hay que recordar en este sentido que fue el propio juez del Supremo Pablo Llarena quien en el auto por el que negaba la autorización para que los diputados encarcelados acudieran al pleno les indicó la posibilidad de delegar su voto.

La petición de delegación del voto fue admitida por Maragall, lo que motivó la protesta de la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas y el portavoz del PP Santi Rodríguez, que pidieron al presidente de la Mesa de Edad que reconsidera su posición en virtud del informe de los letrados de la Cámara que se contraponía a la tesis del magistrado del Supremo. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sin embargo, se desmarcó de la reivindicación de la formación naranja y vio con buenos ojos que estos tres diputados pudieran ejercer su derecho aunque estén encarcelados.

Maragall hizo caso omiso de las peticiones de Ciudadanos y PPC y prosiguió con la votación, con el voto de los encarcelados en manos de Marta Rovira, el de Junqueras, y Jordi Turull, los de Sànchez y Forn. Posteriormente, desde Moncloa señalaron que no habrá impugnación ante el Constitucional.

En la primera votación no se alcanzó la mayoría absoluta de 68 diputados, por lo que hizo falta una segunda ronda. En esta segunda votación Roger Torrent sumó 65 votos de JxCat, ERC y CUP, mientras que José María Espejo-Saavedra, candidato propuesto por Ciudadanos, logró el apoyo de 56 diputados correspondientes a su partido, el PSC y los del PP. Los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem votaron en blanco, opción a la que sumó uno de los diputados del denominado bloque constitucionalista, puesto que C’s, PSC y PP suman 57 disputados y el candidato de la formación naranja sumó 56 sufragios. Los rumores apuntaban a Ramón Espadaler, consejero de Interior con Artur Mas y dirigente de la extinta Unió Democràtica, que desmintió posteriormente en Twitter que él fuera el diputado díscolo, o a alguno de los cuatro diputados del PP después de que C’s se haya negado a prestar a los populares un diputado para formar grupo propio.

Difícil papeleta Tras ser investido, Torrent, en un discurso conciliador en el que omitió expresiones como “presos políticos” o “república catalana”, habló de mirar al futuro y aseguró que tendrá en cuenta la opinión de todos los grupos . Este discurso ya le valió la crítica de la CUP; que en boca de en boca de su diputado Carles Riera aseguró que Torrent había “reculado y traicionado el espíritu del 1 de octubre”, al tiempo que advirtió de que su apoyo no debe ser considerado como “un cheque en blanco”.

De entrada, deberá Torrent tomar una primera decisión polémica: si avala que la Cámara proceda a investir presidente de la Generalitat a Puigdemont desde Bruselas en contra de la opinión de letrados del Parlament. El pasado 9 de enero en una comparecencia ante la prensa Torrent se mostró partidario de escuchar la opinión de los letrados antes de decidir si su partido avala una investidura a distancia. Además, la espada de Damocles del Gobierno español está ahí, pendiente de caer sobre el presidente de la Cámara. Desde Moncloa se señaló ayer que en cuanto se anuncie la candidatura de Puigdemont se “actuará en consecuencia”, esto es, se llevara el asunto al Tribunal Constitucional.