MADRID - La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que interrumpa los contactos entre su Gobierno y los interlocutores de los 307 presos de ETA que continúan cumpliendo condena. A la misiva, firmada por el presidente de la organización, Alfonso Sánchez, le sigue un dossier en el que se recuerdan los 3.517 atentados y las 860 víctimas mortales de la banda, que renunció a la actividad terrorista hace casi siete años, el 20 de octubre de 2011.

La AVT se apoya, entre otros, en datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, para mostrar su “preocupación” por la “ofensiva” de organizaciones afines a los presos de ETA, que quieren conseguir beneficios penitenciarios.

En la actualidad, según el informe de la AVT, hay 237 presos en España, 64 en Francia y cuatro en otros países. El documento de la asociación defiende la dispersión, impulsada en 1988 para acabar con la posibilidad de que los miembros de ETA “gobernaran las cárceles” en las que hasta entonces estaban agrupados.

La organización de víctimas asegura que los presos no cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía y muchos de ellos vivían “en una doble prisión”, de acuerdo a lo que defendía el por entonces director de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción: la impuesta por los tribunales y la establecida por los jefes de la banda, ya que había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios “pero les frenaban los duros”.

Para la AVT, éste sigue siendo el principal impedimento a día de hoy: “Si los presos de ETA no se han visto beneficiados por esos mecanismos ha sido por la propia voluntad de la organización terrorista, que no se lo ha permitido”. Por eso subrayan que la iniciativa depende de la propia organización “y no de los estados español y francés”.

Además, las víctimas recuerdan en su dossier enviado a Macron que “en el País Vasco no ha habido ninguna guerra, sino un grupo terrorista que ha sembrado el terror a través de la violencia, la extorsión y la amenaza a la sociedad vasca en particular y a la española en general”.

En este sentido, la asociación insiste en que las medidas legales previstas en el ordenamiento jurídico “no son excepcionales sino específicas para hacer frente a una criminalidad excepcional” que ha dejado 3.421 víctimas indemnizadas. - E. P.