gasteiz - El abogado defensor de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco entre 2003 y 2009 y acusado de firmar contratos sin contraprestación alguna con las empresas creadas por el exdiputado alavés Alfredo de Miguel, pidió ayer que acuda a declarar como testigo en el juicio contra la presunta trama corrupta la exconsejera de Cultura y portavoz en el Gobierno del lehendakari Ibarretxe Miren Azkarate.
El letrado reconocía que dicha citación supone “tirar alto”, pero la consideró necesaria “por si otros que están en medio no han oído nada”. Se pronunciaba así después de que la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, tratase de exonerar a su cliente de la responsabilidad en las contrataciones de Sánchez Robles alegando que Larrañaga carecía de medios humanos para fiscalizar al detalle la actividad de su subordinado. Según el letrado del exviceconsejero, para quien se pide 17 años de cárcel, era el director de Juventud, Sánchez Robles, quien proponía los contratos menores objeto de investigación, que Larrañaga se limitaba a autorizar.
El abogado de Larrañaga censuró que su cliente ha sido sometido a la “pena de banquillo sin pruebas”, imputado solo por “ser el más alto cargo” del Gobierno Vasco en relación a lo investigado. El letrado afirmó que en los veinte contratos analizados y sobre los que declaró Larrañaga en su día se siguió el mismo procedimiento utilizado antes y después de su presencia en el Gobierno, y que en todo caso dichos contratos han pasado los controles del Ejecutivo.
Por su parte, el abogado de Sánchez Robles, para quien el fiscal pide 18 años de prisión, reclamó la comparecencia de otros seis testigos además de Azkarate, y aseguró que entre que no conste la realización de trabajos a cambio de los contratos investigados y que no existan esos trabajos “existe un abismo”. Además, pidió que se retiré la acusación de asociación ilícita, “el cemento que permite sostener esta historia”, y advirtió de que los delitos de que se acusa a su patrocinado ya han prescrito, idéntico argumento al esgrimido por la defensa del constructor Prudencio Hierro.
La abogada de este último acusado pidió además que no testifique Iñigo Aparicio, que realizó la reforma de la casa de De Miguel en Gorliz que pagó la empresa que dirigía Hierro, una solicitud al tribunal que ya efectuó el lunes la defensa del propio De Miguel. Según la abogada de Hierro, su nombre no apareció oficialmente en la investigación hasta que se interrogó a Aparicio. Se sumaba así a la teoría de la defensa de De Miguel de que la Ertzaintza se extralimitó en sus indagaciones al incautarse, en los registros efectuados cuando fueron detenidos los principales actores de la presunta trama, de documentos ajenos a la empresa Kataia, la única que tenían autorización para investigar.
“blanquear” la investigación Ese mismo argumento esgrimió el abogado de Miren Bilbao, directora técnica del Parque Tecnológico de Álava cuando se produjeron las supuestas irregularidades, que la Ertzaintza interrogó a su cliente para poder introducir en el sumario datos obtenidos con anterioridad, para “blanquear”, en fin, dichas investigaciones. “¿Cómo pregunta el fiscal por unos documentos que no ha podido ver?”, se cuestionó. El abogado afirmó que los hechos por los que se acusa a Bilbao, relacionados con la empresa Stoa, no tienen nada que ver “con los que se trata en este juicio”.
En general, todos los representantes legales que se pronunciaron durante la segunda jornada de este macroproceso se sumaron a las tesis del abogado de De Miguel y alegaron que se han conculcado los derechos fundamentales de sus patrocinados, y pidieron por ello la nulidad de todo el proceso. También defendieron que los acusados declaren al final del mismo si no se atiende a la petición de suspenderlo.
Por su parte, el tribunal admitió los tres nuevos testigos propuestos por el fiscal jefe, Josu Izaguirre. Se trata del ertzaina que custodió la grabadora que utilizó la empresaria que destapó el caso, Ainhoa Alberdi; de un técnico de la Diputación alavesa, y del notario de Amurrio que dio fe de varias operaciones de De Miguel.
El tribunal, por otro lado, desestimó la petición de la defensa de Jesús Arruti de eximirle de ir a las sesiones del juicio por su delicado estado de salud.
El juicio contra la presunta trama conformada en torno a Kataia, la sociedad de De Miguel, para quien la fiscalía pide 54 años de prisión; Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, está ahora en su fase de cuestiones previas, que se dilatará hasta el próximo día 18. Un mes más tarde, el 19 de febrero, comenzará el juicio como tal, en el que se acusa a 26 personas. El juicio, que ha obligado a acondicionar una sala de la Audiencia alavesa dada su envergadura, se prolongará como mínimo hasta el 25 de octubre.
