de las muchas derivadas que ha tenido el caso De Miguel una de las más llamativas fue la del presunto caso de espionaje. Tras el registro de la vivienda de Aitor Telleria los agentes encontraron en su ordenador personal varias fichas con información de políticos y empresarios alaveses, como el actual miembro de la Mesa del Parlamento Vasco, el socialista Txarli Prieto. El fiscal, Josu Izaguirre, imputó a Telleria y a dos agentes de la Ertzaintza amigos suyos porque, en su opinión, urdieron un plan para espiar a estas personas.

Finalmente los tres fueron absueltos pues no se probó la existencia de dicho plan, que según la sentencia no podría haber sido dilucidado en el ámbito penal anque se hubiera producido. Las frecuentes conversaciones entre los tres acusados se enmarcaban, se alegó, en su relación de amistad, y en marzo de 2013 fueron absueltos.

Aunque al final el caso quedó en agua de borrajas, durante meses produjo ríos de tinta en los medios e incluso fue tratado en la comisión de investigación habilitada en el Parlamento Vasco. Y aunque la Cámara de Gasteiz eximió al PNV de responsabilidades políticas en el caso De Miguel, fue entendida por los jeltzales como un intento de desgastar a la formación. A la Cámara de Gasteriz acudieron a declarar desde los propios De Miguel, en abril de 2011, Otxandiano y Telleria hasta la exconsejera de Cultura Miren Azkarate o el viceconsejero de este Departamento, Gurutz Larrañaga. También en las Juntas Generales alavesas se constituyó una comisión de investigación, en este caso centrada en la recalificación de terrenos en Zambrana. La Cámara alavesa dictaminó que De Miguel debió abstenerse como diputado foral, por tener intereses privados en la operación, pese a lo cual trató de modificar el Plan Territorial Parcial de Álava Central.