madrid - El malestar aumenta entre los presidentes autonómicos del PSOE con la congelación de los fondos de la financiación autonómica. Sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados a fecha del 1 de enero de 2018, el Gobierno español ha optado por cerrar el grifo hasta no aprobar las cuentas. Las 15 administraciones territoriales de régimen común, que llegarán a perder en conjunto más de 4.200 millones de euros, han alzado la voz crítica contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se verá abocado a dar explicaciones a partir de mañana mismo. La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, será la primera en pasar por el despacho de Montoro en una cita en la que la dirigente balear le exigirá “explicaciones”.

La quita a la comunidad autónoma que dirige Armengol está cuantificada en 67,3 millones de euros. Y la financiación autonómica será el tema estrella que centrará la reunión con Montoro. De hecho, la presidenta balear ha calificado esta semana de “actitud absolutamente impropia” del ministro y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que a su juicio están realizando un “chantaje” por no haber podido aprobar los presupuestos de 2018 en el plazo estipulado al no contar el PP con los apoyos suficiente en el Congreso. La mandataria socialista exigió al Gobierno español “responsabilidad institucional” y lamentó que el ejecutivo del PP “ni siquiera” ha sido capaz de presentar un presupuesto. Además, avanzó que reclamará el traspaso de esos 67 millones que están contabilizados en los presupuestos autonómicos de 2018, que sí se han aprobado en “tiempo y forma”, cumpliendo con las cifras establecidas por el mismo ministerio.

No será esta la única vez que Montoro deberá ofrecer explicaciones a este respecto, ya que se espera que los dirigentes territoriales insatisfechos con la quita de la financiación autonómica emulen a Armengol y reclamen encuentros con el ministro. De la misma forma, el Grupo Socialista en el Congreso ya ha registrado una solicitud de comparecencia en la Cámara Baja, en la que le cuestionarán sobre un “incumplimiento su palabra y sus obligaciones como Gobierno”. - DNA