Tras la victoria del bloque independentista el pasado jueves, el tema de la investidura trae de cabeza a los compañeros de partido y asesores de Carles Puigdemont, que barajan todas las posibilidades que tiene el president cesado para tomar posesión en el Parlament. Lo más probable es que Puigdemont sea detenido y enviado a prisión preventiva en cuanto pise territorio español, por lo que podría darse el caso de que sea investido estando privado de libertad. Este escenario tiene un precedente en Euskadi, el de Juan Carlos Yoldi, el preso de ETA que Herri Batasuna decidió presentar como candidato a lehendakari en el Parlamento Vasco en febrero de 1987.
Después de las elecciones autonómicas de noviembre de 1986, Herri Batasuna quiso presentar a un recluso de ETA para la sesión de investidura del lehendakari, con el objetivo de dar visibilidad a los presos. El elegido fue Juan Carlos Yoldi, que había concurrido en las listas de la formación y había resultado elegido parlamentario por Gipuzkoa. Yoldi se encontraba en prisión preventiva en Herrera de la Mancha acusado de integrar un comando que había atentado contra infraestructuras ferroviarias en territorio guipuzcoano. Su candidatura a presidir el Gobierno Vasco suscitó un intenso debate político y judicial acerca de si podía o no salir de la cárcel para acudir al pleno del Parlamento Vasco. Esta controversia podría repetirse ahora si Carles Puigdemont decide regresar ya que, como recordó ayer mismo su abogado Jaume Alonso-Cuevillas, “si pisa España se le detiene”.
En el caso de Juan Carlos Yoldi, finalmente su candidatura a lehendakari se materializó. Tras retrasarse el pleno de investidura una semana hasta que los tribunales tomaron una decisión, la Audiencia de Iruñea le autorizó a abandonar la prisión bajo custodia policial para acudir al Parlamento el 26 de febrero de 1987. Aunque el Gobierno español intentó evitar esta maniobra propagandística de Herri Batasuna, finalmente el fallo fue favorable a Yoldi, ya que se estimó que lo contrario supondría lesionar “los derechos políticos” de los electores. Además, en el momento de la investidura no pesaba ninguna condena firme sobre el preso de ETA, que se encontraba en prisión preventiva y a la espera de juicio. Por tanto no había inhabilitación alguna ni privación de sus derechos.
De esta manera, Juan Carlos Yoldi acudió a Gasteiz primero para recoger su acta de parlamentario y ya el 26 de febrero para la elección del lehendakari, en todo momento bajo vigilancia policial. Sin embargo, el día de la investidura tuvo plena libertad de movimientos en el interior del Parlamento Vasco. Durante esa jornada almorzó con su familia, se encontró con su pareja, conversó con dirigentes de Herri Batasuna y ofreció una comparecencia ante los medios en la que defendió su militancia en ETA. “Si defender la soberanía de mi pueblo es ser terrorista, yo soy terrorista”, dijo.
“vuelvo a la cárcel” El preso de la banda incluso pudo pronunciar un discurso en la sesión de investidura, que le fue entregado por Iñigo Iruin, abogado de la izquierda abertzale. En él, Juan Carlos Yoldi se definió como preso político y reclamó la autodeterminación para Euskal Herria. Además, Yoldi demandó al Estado español que se sentara a negociar con la organización armada y le advirtió de que los vascos no cejarían en la lucha. “Vengo de la cárcel y vuelvo a la cárcel, pero somos muchos y cada vez seremos más”, afirmó. Y, en efecto, el miembro de ETA volvió a la cárcel nada más concluir el pleno. Paradójicamente, ni siquiera recibió el respaldo de los 13 representantes de Herri Batasuna que, como acostumbraban a hacer, se ausentaron de la Cámara en señal de protesta durante la votación en la que fue reelegido lehendakari el jeltzale José Antonio Ardanza.
Como cabía esperar, Juan Carlos Yoldi no pudo desarrollar una trayectoria parlamentaria tras la investidura y, además, cuando su condena pasó a ser firme un año más tarde, tuvo que renunciar a su acta de parlamentario. Esto mismo podría ocurrir en Catalunya una vez que Junqueras y los diputados autonómicos con cuentas con la Justicia sean procesados. Yoldi, por su parte, recibió una pena de 25 años de prisión por integración armada, depósito de armas de guerra y lesiones graves, de los que cumplió 16 años. No regresó al Parlamento Vasco hasta el año 2008, ya en calidad de abogado, para denunciar en la Comisión de Derechos Humanos las torturas policiales.
El caso Yoldi es el único precedente en el Estado de un recluso que se presenta a una investidura y podría ser un claro antecedente de cómo podría ser elegido Carles Puigdemont en caso de que sea encarcelado. Pero la diferencia entre ambos casos es que muy probablemente Puigdemont saldrá investido si finalmente decide presentarse. Y es ahí donde comenzaría el verdadero conflicto.
