La presentación del informe sobre la tortura en Euskadi entre 1960 y 2014 elaborado por un equipo de profesionales a petición del Gobierno Vasco ha suscitado como reacción inmediata un rechazo político y sindical de difícil explicación. Aunque la noticia no debería estar en que a algunos les parece “equidistante” o que alimenta “la teoría del conflicto”, sino en el volumen de las denuncias de torturas que asciende a 4.113 casos confirmados, 2.270 ratificados personalmente.

Supongamos que se puedan haber cometido algunos errores, aunque dado el nivel profesional de quienes lo han elaborado permítanme poner en duda esta hipótesis. Pero incluso en esa eventualidad, la cifra es lo suficientemente voluminosa como para asegurar que la práctica de la tortura y de los malos tratos (que no son exactamente lo mismo) fue una práctica muy extendida en ese periodo, especialmente hasta finales de los años ochenta.

Y ante esta realidad, constatada en un informe profesional y no político, uno de los dos partidos del Gobierno critica lo allí expuesto en lugar de admitir que estamos ante un panorama que requiere, en cualquier caso, receptividad institucional, autocrítica y reparación de las víctimas. Siento cierta curiosidad por conocer con más detalle qué es lo que no le gusta al PSE de la forma y el fondo en el que han trabajado el equipo liderado por los expertos Francisco Etxeberria, Carlos Martín y Laura Pego. ¿En qué no han trabajado bien? ¿Qué errores creen los expertos del PSE que han cometido estos profesionales? ¿Qué criterios estandarizados manejan los socialistas diferentes a los empleados? No sé, pero me da que al igual que el PP, han confundido las conclusiones del informe con su particular, y legítima, lectura política de lo que ha pasado en Euskadi en los últimos años.

Y si lo de los partidos políticos remisos a aceptar que en Euskadi se ha torturado (a mí admitirlo no resta un ápice para condenar los asesinatos de ETA) me parece poco razonado ¡qué decir de los sindicatos policiales! Tanto Erne como Sipe se amparan en que no han existido condenas y es un dato objetivo, fuera de discusión. Pero aspiro a que los agentes de la Ertzaintza tengan también cierta educación en Derechos Humanos y procesos judiciales. Si así fuera deberían saber que el delito de torturas y malos tratos se produce precisamente en espacios opacos, sin testigos más allá de colaboradores necesarios con la tortura, con enormes dificultades para la víctima para la denuncia y comprobación de su relato y con, por desgracia, una maquinaria institucional que trata de proteger a los suyos frente al denunciante.

Eso es exactamente lo que hay que revertir, reconociendo errores, ampliando medidas de prevención, acompañando a las víctimas, formando mejor a los agentes, etc. Ese es el camino que marca el informe y que, para mí incomprensiblemente, desprecian algunos de los directamente emplazados a trabajar para erradicar la tortura.