En Catalunya se está viviendo una campaña atípica en todos los sentidos. El artículo 155, omnipresente; la Generalitat, intervenida; Junqueras y Forn, en prisión; y el president destituido, marcando el paso de la actualidad desde Bruselas con mítines en pantalla de vídeo. Por si fuera poco, a todos esos elementos se les están sumando las restricciones que viene dictando en los últimos días la Junta Electoral Central, encargada de velar por los pormenores de la campaña catalana desde Madrid. La más llamativa, casi inverosímil, la persecución del amarillo -color escogido por los soberanistas en solidaridad con los exconsellers encarcelados-.
La Junta Electoral, compuesta en su mayoría por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas, tiene como única función garantizar la transparencia de los procesos de elecciones y supervisar el censo electoral. Pero de cara al 21-D, está interviniendo en todos los ámbitos de la campaña con un sinfín de actuaciones polémicas, hasta el extremo de prohibir un color o pedir la retirada de pancartas con el único lema de Democracia. Así las cosas, según denuncian instituciones como el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, la Junta podría estar excediéndose en su cometido y poniendo en peligro la igualdad de condiciones ante los comicios.
Una de las mayores inquietudes de la Junta Electoral Central es que las instituciones y los ayuntamientos catalanes no puedan mostrar en los edificios públicos esteladas, pancartas, o elementos que reclamen la liberación de los exconsellers que continúan en prisión. En este contexto, esta misma semana los Mossos d’Esquadra retiraron a instancias de la Junta rótulos y símbolos en diversas sedes de departamentos de la Generalitat como el de Salud o el de Justicia, tanto en el exterior de los inmuebles como en las dependencias públicas del interior.
Pero las resoluciones del órgano electoral van todavía más allá y en Barcelona ha vuelto a salir a la palestra el color en discordia: la iluminación amarilla en las fuentes de la Ciudad Condal ha sido prohibida tras una instancia del PP barcelonés. Además, la Junta Electoral tampoco permitirá que los interventores en los colegios electorales el día de la votación porten en sus vestimentas lazos amarillos.
El propio Síndic de Greuges, Rafael Ribó, explica a DNA que la Junta “adopta decisiones que toman carácter de censuras y son una limitación a la expresión en espacios públicos”. Pone como ejemplo la prohibición de símbolos y pancartas. “Son temas que no competen a la Junta Electoral, están más allá de sus atribuciones”.
La última resolución que Ribó denuncia es una intervención en el Colegio de Abogados de Tortosa, al que se le prohíbe hablar de presos políticos en su asamblea general. “Incluso se requiere a los Mossos d’Esquadra que estén presentes en la reunión para impedir que debatan este asunto”. Asimismo, el defensor del pueblo catalán recuerda que “se han impedido en localidades como Reus protestas de personas mayores que se manifestaban cada día pidiendo democracia”.
A juicio del Síndic de Greuges, la igualdad de condiciones en la campaña “está en peligro desde el primer momento” al haber candidatos que están en prisión. “Consideramos que va en contra de la jurisprudencia europea”. Además, Ribó cree que el Gobierno español, en lugar de velar por unos comicios en calma, echa más leña al fuego al habilitar en la página web de Interior un espacio “que tiene por solo objetivo que se denuncien expresiones de odio que emanan de Catalunya”.
aluvión de recursos en tv3 Pero las resoluciones de la Junta Electoral Central no solo competen al ámbito institucional, sino que también han llegado al plano informativo, en concreto a las emisiones de los principales medios públicos: TV3 y Catalunya Ràdio. Ambas cadenas, que están sujetas a las directrices de la ley electoral, están recibiendo una gran cantidad de dictámenes en los que se les prohíbe utilizar los términos president o conseller para referirse a los miembros del Govern cesado, y se les restringe la cobertura informativa de manifestaciones y protestas del sector independentista. Incluso este mismo miércoles la Junta Electoral abrió expediente a Catalunya Ràdio por dos editoriales leídos por la presentadora Mònica Terribas, en los que se criticaba al PP y a Ciudadanos.
Según señalan fuentes oficiales de la corporación pública catalana, aunque la programación “cumple perfectamente con la situación legal en campaña”, reciben recursos de partidos políticos que, “cuando llegan a la Junta Electoral Central de Madrid, se estiman y hay que adaptarse a ellos”. En este escenario, denuncian que las restricciones “afectan a la libertad de los periodistas” y han provocado “inquietud y malestar” en los departamentos de informativos.
Dicho extremo lo confirma a este diario Lluís Caelles, presidente del Consejo Profesional de TV3. “Hay tantas resoluciones que estoy perdiendo la cuenta y en el día a día nos están afectando las que llamamos listas negras de palabras, las palabras que la Junta Electoral Central nos ha prohibido”, relata. Caelles pone el ejemplo del Govern cesado: “No podemos llamar president y consellers a Puigdemont y a su Gobierno. Nosotros les llamábamos así atendiendo a usos protocolarios, que recogen que cuando cesan se les sigue llamando así”.
Otra de las resoluciones por las que el presidente del Consejo de TV3 pone el grito en el cielo es la que denuncia el tratamiento que la cadena dio a la manifestación soberanista de Bruselas el pasado día 7. “La cobertura de Bruselas se hizo a la baja, pero la Junta la ha considerado excesiva. ¡Si ni siquiera hicimos retransmisión en directo para que no recurrieran! Pero el PP recurrió igualmente y la Junta dice ahora que hay que compensar al PP”, se lamenta. Ante esta situación, Caelles se muestra muy dolido -“mi sensación es de indefensión absoluta”- y critica que el órgano electoral “no solo vulnera la libertad de expresión sino, más grave todavía, menoscaba el derecho de la ciudadanía a recibir información”.
