gasteiz - El Gobierno Vasco, a través del Instituto de la Memoria, Gogora, reconocerá a todas las víctimas de la Guerra Civil, de uno y otro bando, un criterio inclusivo que contempla el Informe Base de Vulneraciones de Derechos Humanos 1936-1978, en el que figurarán los nombres de todos los fallecidos y que en breve se dará a conocer. Eso sí, el criterio será idéntico al que se sigue en la gestión de la memoria en relación a las cinco últimas décadas de violencia en Euskadi, y no habrá por tanto ni “distinciones” ni “equiparación”.

Así se lo comunico ayer el lehendakari Urkullu en el Pleno de control al Gobierno al parlamentario del PP Carmelo Barrio, quien pidió al lehendakari que “haga algo más por todas esas víctimas”. Barrio recordó que a lo largo de 2017 las instituciones, con el Ejecutivo vasco a la cabeza, han asistido a la inauguración del columbario de Elgoibar, o a los actos de recuerdo de los fusilamientos de Azazeta, y de los bombardeos de Durango y Gernika. También se ha homenajeado a las víctimas de los fusilamientos de Santoña, a Lauaxeta, a los niños y niñas de la Guerra Civil, y se ha asistido a la exhumación de cuerpos en torno al Cinturón de Hierro o al acto del campo del campo de concentración de Gurs.

“Ahí estaremos siempre y siempre lo recordaremos. Sin embargo, desde las instituciones no se han organizado actos para recordar, entre otros crímenes, la matanza de las cárceles de Bilbao o las matanzas de los barcos prisión, Cabo Quilates o Altuna Mendi, o los fusilamiento de los cementerios de Durango o de Derio, o los fusilamientos del mayor crimen de civiles que hubo en Álava, en Elosu”, explicó Barrio.

El parlamentario del PP valoró el reconocimiento que Urkullu tuvo hace casi un año hacia las 224 personas asesinadas el 4 de enero de 1937 en Bilbao, pero echó de menos “un paso más, implicando a la sociedad en ese recuerdo”. Según dijo, familiares de estas víctimas se han dirigido al PP para trasladarle que “echan de menos gestos de memoria y reconocimiento”.

Urkullu, por su parte, quien afirmó valorar “al máximo la participación de todas las formaciones políticas en los actos de reconocimiento que hemos organizado”, afirmó que el Gobierno Vasco se rige por la Ley de Memoria Histórica de 2007 y por tanto condena “cualquier forma de violencia personal” durante la guerra. Recordó además que el propio lehendakari Agirre, “y esto es importante decirlo porque hay que situarlo también en su contexto”, dijo Urkullu, condenó dichos asesinatos cuando se produjeron.

Por tanto, “no hacemos distinciones a la hora de calificar los crímenes cometidos durante la guerra y tampoco al reconocer a las víctimas de esas injusticias”, pero con un matiz. “La violencia ejercida por el poder franquista obedeció a un plan organizado que daba continuidad a una sublevación contra la democracia, fue una estrategia de Estado, de terror sistemático y de eliminación del contrario, y no hay equiparación posible”.

Urkullu reconoció que la democracia tiene “una deuda pendiente que las instituciones vascas sentimos como propia” con todas las víctimas, pero recordó que “esta deuda también la tienen las instituciones del Estado”, y por ello pidió al Gobierno español que “cumpla con el mandato parlamentario que establece la Ley de Memoria Histórica porque es un paso pendiente, es un paso necesario y es un paso justo”.