Cada día que avanza esta campaña electoral en Catalunya más me acuerdo de la que vivimos en Euskadi en mayo de 2001. La maquinaria del Estado español, toda y de todos los poderes, al servicio de una victoria constitucionalista. Recuerden cómo acabó aquello, con Ibarretxe por encima de los 600.000 votos y con Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros (y su cohorte) buscando las lentejas fuera.

Todos los titulares de los principales medios de comunicación españoles alimentan la idea de una victoria que pasa por Arrimadas, aunque para ello sea necesaria una suma de PSC y PP a la candidata de Ciudadanos que ahora mismo se ve difícil políticamente por la resistencia de Iceta, y casi imposible numéricamente porque, sencillamente, no son mayoría. Pero es igual, insisten con escasa prudencia en vender la piel del oso antes de cazarlo. Es curioso comprobar cómo los diarios editados en Barcelona que no tienen línea editorial nacionalista, La Vanguardia o El Periódico, son mucho más cautos y se guían por criterios de realidad política. Como lo hacen, también, otros diarios de adscripción nacionalista como El Punt Avui o Ara. Es decir, que la distorsión de la realidad es proporcional a la distancia kilométrica que les separa de la sociedad catalana.

Algo parecido, la lejanía con la realidad social, le está pasando a la Justicia. Un sencillo manual de buena práctica judicial aconsejaría no interferir en unas elecciones con decisiones que bien pueden esperar a que se celebren los comicios. Sin embargo, vamos de sobresalto en sobresalto con autos y filtraciones que tratan de influir en el discurso político catalán. Lo del traslado de las piezas de Sijena que un juez ordena que se haga a fecha fija, obviando los recursos, con el beneplácito del Govern okupa al amparo del 155 y de forma “cautelar”, no vaya a ser que después llegue otra decisión judicial contraria, es un buen ejemplo. Tampoco es menor que un juez, nada menos que del Tribunal Supremo, anule en plena campaña la “euroorden” contra Puigdemont, president y cabeza de lista, o que de su negociado se filtre que amplía la investigación a políticos y candidatos que aún gozaban de plena libertad. Porque sí, los autos del juez Llarena están plagados de advertencias que coartan la libertad política de los candidatos. ¿De verdad pueden decir cuáles serán sus intenciones si ganan las elecciones los Forcadell, Turull, Rull o Romeva? No. Por no hablar de mantener la prisión de Junqueras o Sànchez, números uno y dos en las listas de ERC y Junts per Catalunya.

No, no es una campaña con igualdad de oportunidades y viene contaminada de origen, desde la misma convocatoria hasta las presiones y amenazas en plena campaña.