Por regla general, el primer fin de semana de la campaña electoral es el más tranquilo de los tres que suele durar si incluimos el de la jornada de reflexión y el día de la votación propiamente dicho. Sábado de mítines a medio gas con algún invitado de segunda en el caso de los partidos estatales y domingo de reparto mañanero y descanso tardío para preparar la primera semana completa de campaña.

No es así en Cataluña, claro, porque entre otras muchas anormalidades de esta campaña está el día elegido para los comicios, un jueves, día de Santo Tomás para más señas, pero, aunque nada es normal en esta campaña en Cataluña, todo transcurre con más o menos normalidad, si eso no es el “seny” a ver qué lo es.

Un candidato a la Generalitat encarcelado, el president saliente y ahora candidato que puede pasearse alegremente por cualquier país del mundo menos aquel en el que se presenta a las elecciones porque de la que ponga un pie en la Junquera le detienen.

Un responsable de Interior nombrado por el partido con el segundo menor número de escaños en el Parlamento catalán y que no habla catalán, una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, que será el responsable de que todo transcurra, si no con normalidad porque es imposible, al menos sin la violencia que él mismo mandó aplicar en el 1 de octubre.

Y todo ello en unas elecciones que, precipitadamente, convocó el presidente del Gobierno español en lo que parecía un intento de minimizar los efectos de la aplicación del art.155 pero que, visto lo visto, solo perseguía garantizar que a los rivales de Arrimadas y García-Albiol no les diera tiempo de resolver sus causas pendientes con la justicia y estuvieran oportunamente alejados de las calles de Cataluña.

Porque no nos engañemos, Rovira no es Junqueras y el Skype o las videoconferencias no son, ni de lejos, homologables a una presencia real en campaña.

Sin embargo, a pesar de que los partidos que impulsaron el referéndum (salvo la CUP), están sufriendo en sus propias carnes las mismas consecuencias de aquella decisión, lo que sí parece evidente es que Junts pel sí ya no lo es tal, y no hablo de la coalición electoral sino del objetivo común de los partidos que la componían, y que el “procés” que arrancó en 2012 llegará a su fin el próximo 21 de diciembre.

Será entonces cuando comprobemos si la mayoría silenciosa a la que apelan Ciudadanos y el PP lo es tal o no y sobre todo, si el próximo gobierno se va a construir sobre los cimientos del eje centro-periferia (o si se prefiere sentimiento nacional) o por el contrario va a existir una suerte de reedición del “tripartit” de izquierdas, con Junqueras, Domenech e Iceta apelando a que, de momento, hay que abandonar las aventuras secesionistas para concentrarse en las “necesidades reales de la gente” y fiar el encaje de Cataluña en el Estado a una comisión constitucional en el Congreso.

Sea como fuere, hay que recordar que es la segunda vez en lo que va de siglo y llevamos 18 años, no más, que se celebran elecciones con listas cercenadas, partidos ilegalizados o candidatos en prisión. No parece un gran aval democrático, ¿verdad?