Madrid - Nuevo conflicto diplomático en ciernes entre Bélgica y España a cuenta del proceso soberanista catalán. Tras el exilio del president cesado, Carles Puigdemont, ahora el motivo de controversia es la actuación de la Policía en la manifestación celebrada el jueves en Bruselas para pedir que Europa se implique en el contencioso. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, exigió ayer una “explicación oficial” de Bélgica ante la presencia de coches patrulla con esteladas durante la manifestación. Se da la circunstancia de que esa misma Policía debía realizar el recuento de asistentes a la manifestación, y el PP insinúa que hubo tongo y se inflaron las cifras porque los agentes eran afines a la causa. En paralelo, el Gobierno español está ejerciendo presión en Europa para que se reforme la lista de delitos en la tramitación de euroórdenes, con lo que deja al descubierto su descontento porque Bélgica no haya extraditado de manera inmediata a Puigdemont. Las dudas de España y la sensación de que Bélgica iba a rechazar total o parcialmente la extradición provocaron que el Tribunal Supremo diera un paso atrás y retirara la euroorden para evitar un varapalo.

A través de su cuenta de Twitter, González Pons publicó ayer varias fotografías en las que se ven coches de la Policía belga con banderas independentistas y apuntó, en referencia al dato de asistencia a la protesta, que los policías que conducían esos vehículos “pasaron en un minuto de dar 10.000 manifestantes a 45.000”. Asimismo, el eurodiputado criticó que la bandera que llevaban algunos policías belgas en sus vehículos no es la catalana, sino “una ilegal que representa la ruptura de España”. Por ello, tachó de “indignante” una de estas imágenes e instó al Gobierno belga a dar “una explicación oficial”.

“Esta foto es indignante y exige una explicación oficial de Bélgica: 1) Estos policías pasaron en un minuto de dar 10.000 manifestantes a 45.000; 2) Esa ni siquiera es la bandera de Cataluña, sino una ilegal que representa la ruptura de España”, escribió Pons en un mensaje de Twitter publicado en castellano y en otro traducido al francés.

Este no es el primer conflicto entre Bélgica y el Estado español a cuenta del proceso soberanista. Madrid espera una lealtad absoluta en sus socios europeos e interpreta cualquier declaración a favor de una solución dialogada como una enmienda a su posición política. El primer ministro, Charles Michel, ha tenido que lidiar todas estas semanas con la petición de cuentas de Madrid cada vez que algún miembro nacionalista de su equipo lanzaba un guiño a Catalunya. Michel ha llegado a implorar a sus socios del partido nacionalista flamenco N-VA que se abstengan de realizar declaraciones de apoyo. El momento más crítico se produjo cuando el secretario de Estado de Asilo e Inmigración, Theo Francken, insinuó que Puigdemont podría pedir asilo a Bélgica. Horas después, el president cesado viajaba a Bruselas.

En ese mismo contexto, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que planteará una reflexión en la Unión Europea sobre la necesidad de actualizar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, que opina se ha quedado obsoleta, aunque trató de desvincular esta reflexión del caso de Puigdemont. “No es problema de un caso puntual, nosotros no tenemos ninguna queja de un caso puntual”, insistió a su llegada al Consejo europeo de Justicia, en el que recalcó que quiere plantear “una reflexión sobre la lista de delitos que forman parte de la orden. La lista es de 2002. Han pasado 15 años”.

En la actualidad, la legislación contempla 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro. Catalá aseguró que no tiene “ninguna propuesta concreta” sobre una nueva lista de delitos y que lo que quiere es “trabajar con los socios europeos”, aunque avisó de que “es un tema en que se avanza despacio” porque “la sensibilidad jurídica de los Estados miembros es muy diferente”.

respuesta de la UE a catalá La Comisión Europea trabaja “en la mejora, pero no prevé modificar la decisión marco o introducir los cambios que plantea el Gobierno español”, dijo ayer la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, en una rueda de prensa al término de un consejo de ministros de Justicia. La comisaria añadió que el Ejecutivo comunitario “no opina que la mejora del sistema exija una modificación de la decisión marco ampliando el catálogo de delitos tipificados, lo que no zanjaría las cuestiones que los Estados miembros encuentran en la aplicación de ese instrumento”. “No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento en cuanto a la lista de delitos (...) Tenemos problemas pero de naturaleza procesal, reflejados en sentencias del Tribunal de Luxemburgo”, añadió. - DNA/Efe