El 29 de diciembre de 1978 entraba en vigor, tras cuatro décadas de dictadura, la Constitución Española que los ciudadanos del Estado habían refrendado hoy hace 39 años.? A medio camino entre el miedo a la involución y la ilusión por un futuro mejor, los españoles avalaron sin sombra de duda la carta magna, con una participación que rozaba el 68% y un porcentaje de síes del 88,5%. A priori, el texto restituía en el Estado una monarquía ahora bajo la tutela de un Parlamento, instauraba un Estado social y democrático de Derecho y, desde el punto de vista territorial, devolvía a Euskadi, Catalunya y Galicia su carácter de nacionalidades históricas, a la espera de que el resto de regiones fueran sumándose según sus deseos al nuevo Estado de las Autonomías.
Sin embargo, en los tres territorios vascos no se acogió el nuevo texto con entusiasmo. El PNV se abstuvo en la votación del mismo, y Euskadiko Ezkerra votó en contra. El 6 de diciembre, en Euskadi hubo una participación cuando menos discreta (59,3% en Araba, 43,4% en Gipuzkoa y 42,5% en Bizkaia). Fue la abstención más alta de todo el Estado, con la excepción de Galicia, pero en el caso vasco era una decisión eminentemente política, pues hubo un llamamiento explícito a no votar.
Luego llegaría el Estatuto de Gernika, una norma que cuelga directamente de la Constitución y que por tanto forma parte del tronco del sistema del 78, aunque a día de hoy siga sin completarse. Sobre la base de los derechos históricos de los tres territorios, Bizkaia y Gipuzkoa recuperaban el Concierto Económico, una norma instaurada de forma provisional un siglo antes y que el franquismo había retirado a las provincias traidoras.
España tenía entonces muchos retos que afrontar, y uno de los más críticos era el de la territorialidad. Se partió de la base del reconocimiento a Euskadi, Galicia y Catalunya, y se abrió al resto de provincias la posibilidad de unirse según sus propios criterios y conformar las comunidades autónomas. La Constitución no decía ni cuántas debía haber, ni cómo se debían crear, y así, durante el siguiente lustro, se fue conformando el actual dibujo territorial del Estado. En todo caso, cabe destacar que las primeras que nacieron fueron Euskadi, Catalunya, Galicia y Andalucía, por este orden. Todas estas lo hicieron por la llamada vía rápida, al igual que Navarra, el resto se fueron acogiendo a la vía lenta que ofrecía el artículo 143, y por último las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cerraron la conformación territorial del Estado en 1995.
Se instauraba así a un modelo abierto, que dotaba a Euskadi de una autonomía fiscal total. Los territorios vascos recaudan, el Gobierno vasco gasta, y cada año la CAV hace cuentas con el Estado mediante el Cupo. Por otro lado, sin embargo, la Constitución consagraba la unidad de España mediante su artículo 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, reza la carta magna nada más abrirla.
En el mismo texto se establecen, además, los mecanismos para garantizar dicha indivisibilidad. Así, el artículo 8 señala que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Eso sí, el ejército solo podría intervenir por orden del Gobierno y con la autorización del Congreso previa declaración del estado de sitio, según aclaró uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en un artículo publicado en El País en 2006. Dicha declaración se regula mediante el artículo 116 del texto constitucional, junto con la de los estados de alarma y excepción.
Otro de los artículos llamados a garantizar la unidad del Estado es el ahora de actualidad 155, de aplicación inédita en Europa hasta este mismo otoño, a cuenta de una crisis catalana que ha dejado en evidencia los límites del pacto del 78 y que supone un punto y aparte, por cuanto ha dado alas a una eventual reforma en profundidad de la carta magna que impulsa el PSOE, ante la resistencia del PP y de Ciudadanos a ir más allá de aplicarle una mano de barniz al viejo texto constitucional.
2011, la ruptura del mito El salto de los socialistas supone un punto y aparte porque hasta la Declaración de Granada de 2013 la Constitución se defendía como un tótem intocable, opinión que asumió la ciudadanía española durante 33 años. Solo se había modificado en 1992, para adaptarla al Tratado de Maastrich y permitir así a los extranjeros votar en las elecciones municipales. Aquella vez se hizo con luz y taquígrafos, pero en 2011, la forma de operar de PP y PSOE rompió mitos justo cuando en Catalunya trataban de digerir la mutilación de su Estatut a cargo, precisamente, del Tribunal Constitucional.
Por el procedimiento de urgencia y lectura única, el Congreso aprobaba, el 23 de agosto de 2011, modificar la Constitución para fijar la estabilidad presupuestaria como un deber impuesto por Europa y dejaba entre perplejos e indignados a quienes durante lustros habían oído hablar de lo complejo de tocar la carta magna y del amplísimo consenso necesario para hacerlo.
Desde entonces y hasta ahora, principalmente a cuenta del problema catalán, la Constitución ha sido puesta a prueba desde el punto de vista territorial. El 155 ha contenido las costuras de forma temporal, pero ha quedado claro que no todo el mundo se siente cómodo dentro de un traje que a muchos siempre les vino pequeño.
