- El PP se apresuró a pedir ayer el cierre de la comisión que investiga su presunta financiación ilegal en el Congreso de los Diputados. Los populares acaban de recibir un balón de oxígeno desde la Audiencia Nacional, que se ha negado a remitir información clave a la comisión con el argumento de que tiene carácter reservado y puede vulnerar la presunción de inocencia. Esta decisión deja tocado al órgano parlamentario y el PP trató ayer de echar el cerrojo. El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, por su parte, denunció que, sin los datos del tribunal, los trabajos quedan prácticamente heridos de muerte. La próxima semana tendrá lugar una reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces que puede ser decisiva, aunque Ciudadanos ya adelantó ayer que quiere que la comisión siga, y de momento las acciones parlamentarias van encaminadas a recurrir la decisión judicial y ganar tiempo.
Con el cierre de la comisión, el PP evitaría asumir responsabilidades políticas. En el plano judicial, la Audiencia ha cambiado la composición del tribunal que debe juzgar el caso de los papeles de Bárcenas, un movimiento que también beneficia al PP y aleja la posibilidad de que Mariano Rajoy vuelva a ser citado, en la medida en que el nuevo ponente será Juan Pablo González, un magistrado que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del partido. Las acusaciones populares (Adade, Izquierda Unida, el Observatori Desc y el socialismo valenciano) recibieron con incredulidad este paso y estudian recusar al juez.
conflicto entre poderes El vicesecretario general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, celebró ayer que la Audiencia Nacional haya negado parte de la documentación que le había solicitado la comisión, y aseguró que ese órgano debería cerrarse “cuanto antes”. “Es una decisión que compartimos. Los jueces tienen que hacer su trabajo y los parlamentarios no nos podemos poner la toga de jueces”, defendió. Recordó que su partido siempre se ha opuesto a esta comisión porque abrir una investigación parlamentaria sobre hechos que están siendo enjuiciados es un “error” que puede provocar un “conflicto” entre poderes. De hecho, apuntó que su partido presentó un recurso a este respecto ante el Tribunal Constitucional que está “pendiente de resolver”. “Esa comisión no debería haber nacido nunca de esta manera y espero que se cierre cuanto antes”, sentenció.
El presidente de la mencionada comisión, Pedro Quevedo, por su parte, apuntó ayer que es “casi imposible” que este órgano pueda seguir trabajando “en estas condiciones”. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional no aportará informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) por considerar que la presunción de inocencia de los investigados “podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal”.
El diputado de Nueva Canarias reveló que ha hablado con la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, porque ella es quien formaliza las solicitudes de documentación. A juicio de Quevedo, “no es razonable” que la comisión “se quede sin gasolina”. “Si no es posible acceder a información suficiente, el trabajo en la comisión, que ya está siendo difícil porque coincide con procesos judiciales, deviene en casi imposible”, avisó. El diputado canario trasladó a Pastor su “seria preocupación” por que el trabajo pueda llegar a ser “fructífero”, algo que la presidenta del Congreso ha “entendido”. Quevedo adelantó que en la reunión de la Mesa y Portavoces de este órgano de la próxima semana planteará a los grupos qué hacer. “No es razonable trabajar en estas condiciones”, dijo. El Grupo Socialista, por su parte, solicitará a la Mesa del Congreso que se elabore un informe jurídico sobre la negativa de la Audiencia Nacional. Así lo anunció la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, quien se preguntó si “de alguna manera se está cuestionando una actividad parlamentaria constitucionalmente reconocida”. Robles quiso remarcar la diferencia entre las responsabilidades penales que compete dirimir a los tribunales, y las “responsabilidades políticas que se examinan en sede parlamentaria”. - DNA
