El responsable de Prisiones del Gobierno español, Ángel Yuste, volvió a justificar ayer -último día del penúltimo mes del año 2017-en sede parlamentaria la “contrastada eficacia” de la dispersión de presos de ETA o relacionados con el terrorismo. Que los dioses le conserven otros dones y virtudes porque le debieron negar la perspicacia.

Lo que significa la intervención de Yuste es que el Gobierno español va a continuar con la política de dispersión y alejamiento, más de seis años después de que ETA anunciara el cese de su actividad armada, confirmada cada uno de los días que han transcurrido desde entonces y ratificada tanto en sus comunicados como en el hecho de que haya procedido a la entrega de sus armas. Argumenta el responsable de las cárceles españolas que ETA sigue intentando controlar a sus presos como lo hacía hace años. Lógicamente, él tendrá más información que el resto de ciudadanos pero la pregunta lógica es qué tipo de control quiere impedir el Gobierno con el alejamiento de los reclusos de sus familias.

Yuste cumple su segunda etapa al frente de Prisiones. La primera fue bajo la presidencia de José María Aznar y con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, entre 1996 y 2004, antes de ser nuevamente rescatado por Rajoy tras el paréntesis de las legislaturas de Zapatero, donde fue recolocado por Esperanza Aguirre. Contradictoriamente, Yuste tuvo que gestionar aquel patético acercamiento a Euskadi de más de un centenar de presos entre 1998 y 1999 con el que el Gobierno Aznar quiso “crear un ambiente” -Mayor Oreja dixit- propicio para que la tregua de ETA fructificase.

Con todo, evidentemente, la política penitenciaria no la diseña ni la decide Ángel Yuste. Su máximo responsable sigue siendo Mariano Rajoy, que lo hace bajo parámetros absolutamente inentendibles, política y humanamente. Bien es cierto que los presos no se lo están poniendo precisamente fácil. Va para cuatro años ya que los reclusos anunciaron que aceptarían las vías legales para acceder a beneficios penitenciarios o acercamientos a Euskadi. Y aunque han continuado con pronunciamientos similares, lo cierto es que los hechos no han acompañado a las palabras.

Sabíamos -y lo sabían los propios reclusos- que no entraba dentro de su cultura política y militante, tal y como las han entendido siempre, asumir la legalidad del “enemigo”, admitir la individualización de su situación como presos, aceptar trabajos en la cárcel, someterse a solicitar cambios de grado y, en definitiva, reconocer el daño causado, pero fueron ellos quienes aprobaron hacerlo así. Desde luego, estaríamos en otra fase muy distinta si ya hubiesen cumplido lo prometido, en gran parte porque hubiesen dejado en evidencia argumentos como los de Yuste y muchos de ellos estarían cerca de casa y de sus familias. Y la convivencia en Euskadi estaría mucho más asentada.