BILBAO - El Gobierno riojano exige al Estado una armonización fiscal en todos los impuestos y será especialmente vigilante con las leyes aprobadas en el Congreso sobre el Concierto Económico y el Cupo y con el acuerdo sobre el Impuesto de Sociedades para que se cumpla el principio de armonización fiscal. En este sentido se pronunció ayer el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, en alusión al sistema del Concierto y el Cupo y al acuerdo entre PNV y PSE para rebajar el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas de Euskadi del 28 % al 24 %. Para más inri, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, afeó lo que considera como una “competencia fiscal desleal” de la CAV que perjudica a las comunidades limítrofes. Del Olmo reiteró sus críticas al desequilibrio financiero que genera para las autonomías de régimen común la existencia del Cupo, pese a su constitucionalidad.
José Ignacio Ceniceros recalcó que ambas cuestiones tienen una relevancia especial para La Rioja, por su proximidad con la CAV; y sobre la rebaja en el Impuesto de Sociedades, el presidente riojano indicó que desconoce los términos en los que se dio este acuerdo, pero incidió en que el Ejecutivo riojano vigilará que no sea un agravio y una discriminación para sus empresas y trabajadores.
En este contexto, reiteró que el Gobierno riojano no tiene nada en contra de la aprobación en el Congreso de las leyes del Concierto Económico y el Cupo, pero ahondó en que, igualmente, vigilará que se cumplan los principios de solidaridad, la transparencia y, de manera especial, la armonización fiscal. El Gobierno riojano, en sus alegaciones expresadas para el nuevo modelo de financiación autónoma, ya ha dejado claro que aboga por que los impuestos sean exactamente igual en todas las comunidades autónomas. Entiende que, así, es la única manera de que sea efectivo el principio de igualdad.
Por su parte, para Del Olmo, la Hacienda vasca “se puede permitir” estas rebajas fiscales “porque tiene una mejor financiación que Castilla y León”. El Ejecutivo castellanoleonés no puede “hacer nada porque en 2010 se blindó” la posibilidad de recurrir estas decisiones fiscales. - Efe