madrid - Francisco Correa sorprendió ayer durante el uso de su derecho a la última palabra en el juicio por Gürtel al considerar que el primer instructor de esta causa, el exjuez Baltasar Garzón, fue injustamente inhabilitado y tendría que ser indultado por el Gobierno español. “Solicito como ciudadano español el indulto del juez Baltasar Garzón”, dijo. “Creo que ha sido injustamente inhabilitado por este país y que es una víctima más, como yo, de una causa que tiene un tinte político y no jurídico”, agregó sobre el que hasta ahora se creía uno de sus principales enemigos.

Garzón fue inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012 por un periodo de 11 años tras haber ordenado escuchas a los abogados y a los detenidos por el caso Gürtel durante su estancia en prisión preventiva. Cuando tildó a Garzón de “víctima”, Correa fue interrumpido por el presidente del tribunal, que alegó que desde allí no pueden “hacer nada” y le sugirió que dirija su reclamación a Moncloa con una carta. Así, el acusado finalizó su intervención pidiendo al tribunal que “no se deje influir por las televisiones” y que tenga en cuenta que los imputados en la causa “no tienen antecedentes, no son criminales. Son personas honradas, normales y corrientes”.

Máxima pena Desde el 4 de octubre de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado 125 sesiones para analizar las actividades de una trama de corrupción que ha centrado la agenda política desde que estalló en 2008. Tras escuchar las versiones de los hechos de los 37 acusados, Anticorrupción mantiene su petición de pena para casi todos los encausados y sostiene la máxima solicitud, de 125 años y un mes de prisión, para Correa. Para sus números dos y tres, el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo y El Bigotes, reclama 85 años y medio de cárcel y cinco años y dos meses, respectivamente.

Por su parte, Luis Bárcenas y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se enfrentan a 39 años de cárcel, y a la exministra de Sanidad Ana Mato se le exige el pago de 28.467,53 euros por haber disfrutado, según las fiscales, de los regalos que le hizo la red corrupta. - DNA