gasteiz - Juan Carlos García Goena fue la última víctima del GAL, presuntamente, porque nunca hubo detenciones ni un juicio que ayudara a esclarecer quién asesinó el 24 de julio de 1987 al joven objetor de conciencia que se exilió en Hendaia huyendo de la mili y que no tenía relación alguna con ETA. Ayer su hija, Maider García, acudió al Parlamento Vasco para cerrar la ronda de comparecencias de víctimas en la ponencia de Memoria y Convivencia y pedir a los grupos “que exijan al PSOE de una vez por todas un reconocimiento público de lo que ocurrió” con el terrorismo de Estado, y en concreto con el GAL.

“Todas las víctimas hemos pasado por este sufrimiento y nadie puede cualificar ni cuantificar ese sufrimiento, todas somos iguales”, reivindicó García, quien advirtió de que la apuesta del Parlamento por la memoria y la reparación a las víctimas “no tiene base sólida y quedaría incompleta sin ese reconocimiento” que reclama. García recordó que los autores del asesinato de su padre, reivindicado por el GAL y perpetrado un año y medio después del que se creía que fue el último atentado del grupo terrorista, “siguen ahí”.

La hija de García Goena puntualizó que no necesita un “acto especial”, sino un “reconocimiento público, que cuenten la verdad, si lo que se busca es la verdad que se cuenten las cosas como son”. En su caso, insistió, dicho reconocimiento tiene que venir por parte del PSOE.

En esta última jornada de comparecencias en la ponencia de Memoria también prestaron su testimonio Andoitz Korta, hijo del empresario Joxe Mari Korta, asesinado por ETA en 2000, que no quiso hacer declaraciones; el director del Instituto Vasco de Criminología y presidente del Consejo Vasco de Participación de Víctimas, José Luis de la Cuesta; y Coral Rodríguez. Ésta última, exsenadora y exparlamentaria vasca por el PSE, es la sobrina de Humberto Fouz, un joven gallego afincado en Eibar que el 24 de marzo de 1973 fue a Iparralde junto con sus amigos Fernando Quiroga y Jorge García para ver una película prohibida en el Estado franquista.

Se cree que miembros de ETA los confundieron con policías, los secuestraron, los torturaron y los asesinaron. Más de cuarenta años después los cuerpos no han sido localizados, y su sobrina lleva décadas peleando por aclarar lo sucedido, recabando datos e indicios. Ayer acudió a la ponencia para pedir que le ayuden a encontrar a su familiar.

“Siempre se han buscado similitudes entre el IRA y ETA, y en Irlanda se creó una comisión independiente tras el acuerdo de Viernes Santo para buscar los restos de los desaparecidos”, recordó Rodríguez, que sugirió a los grupos “que aquí se haga algo similar para buscar los restos de todos los desaparecidos que hay”.

Rodríguez agradeció a los grupos parlamentarios que hayan “dado voz a las víctimas olvidadas de ETA, a los casos sin resolver”, y les pidió “que exijan a ETA que, al mismo tiempo que se disuelve, diga dónde se deshicieron de los restos de mi tío Humberto y de sus amigos Fernando y Jorge”.

Rodríguez, quien dijo haberse sentido respaldada por los grupos políticos durante su comparecencia ante la ponencia parlamentaria, explicó cómo su madre (la exparlamentaria vasca tenía apenas tres años cuando asesinaron a su tío) compartió después con ella lo sucedido.

justicia restaurativa También tomó parte ayer en esta última ronda de comparecencias ante la ponencia de Memoria José Luis de la Cuesta, presidente del Consejo Vasco de Participación de Víctimas, que salió en defensa de la Ley de abusos policiales, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, por ser la base para poner en marcha la justicia restaurativa en Euskadi en estos casos. “La perspectiva restaurativa debe inspirar la atención de las víctimas de la tortura, de abusos policiales, que también requieren una intervención en el momento actual; si para tratar a alguien como víctima hay que esperar a una condena penal en muchos casos no vamos a poder decir que alguien ha sido víctima”, advirtió.

De la Cuesta defiende además esta fórmula de la justicia restaurativa para todas las víctimas de la violencia política en Euskadi. “Muchas veces confiamos en que la justicia penal dé respuesta a todas las necesidades de las víctimas y esto es esperar demasiado; las víctimas quieren conocer la verdad, y la Justicia penal les da la verdad probada en juicio”, señaló el experto, que apuesta por buscar el acercamiento entre víctima y victimario para “permitir resolver, o por lo menos satisfacer esa voluntad de verdad”. En relación a la memoria, De la Cuesta, apostó por dejar atrás los actos “puramente conmemorativos” y dar voz a las víctimas y a los victimarios que “han manifestado su compromiso de hacer una vida sin hacer uso de la violencia, que han lamentado lo que han hecho”.

fin de ciclo en la ponencia Con las cuatro comparecencias de ayer la ponencia, en la que participan todos los grupos salvo el PP, termina el capítulo dedicado a las víctimas, que se cerrará definitivamente con la redacción de un texto de mínimos común a PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos. A partir de ahí se iniciará el abordaje de los otros tres ámbitos en los que se va a trabajar; la memoria, la política penitenciaria, y los derechos humanos y la convivencia.

En las últimas semanas, por el Parlamento han pasado víctimas como Martxelo Otamendi, que reclamó a los partidos que admitan que conocían la tortura; Carmen Hernández, viuda de un edil del PP y que pidió a la formación conservadora que se sume a la ponencia; o Ane Muguruza, que denunció la doble victimización de los asesinados por el GAL cuando no se les reconoce. También asistieron Rosa Lluch, quien abogó por tratar “todos los sufrimientos”, o Unai González, que reclamó un trato igualitario para quienes han visto vulnerados sus derechos por la dispersión.

También han comparecido familiares de víctimas de ETA como Iñaki García Arrizabalaga o Josu Elexpe, y de abusos policiales, como Inés Núñez de la Parte, que prefirieron no hacer declaraciones tras sus comparecencias.