BARCELONA - Con el agua al cuello y sin haber cumplido la exigencia que les impuso el Tribunal de Cuentas. Así se encuentran Artur Mas y el resto de investigados por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, a los que el Tribunal de Cuentas impuso una fianza total de 5.251.948,17 euros. Aún les restan tres millones de aportar y el plazo para hacerlo finaliza esta medianoche.

Junto a Mas, responsable solidario por ser el president de la Generalitat en aquel tiempo, se encuentran en la misma situación sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces. El exjefe del Govern reconoció ayer que aún no ha conseguido todo el dinero para pagar la fianza y apuntó que, en todo caso, tienen sus casas tasadas por “si no hay más remedio” y deben aportarlas “como garantía”.

Los investigados han pagado hasta la fecha casi 2,2 millones de euros del total que se les reclama para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados. Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde su celebración hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Tras la entrega de los más de 2,1 millones de euros, la defensa de los investigados pidió 15 días extra de plazo para reunir el resto de la fianza atendiendo a “los medios económicos de los presuntos responsables” y subrayando que con el adelanto se demostró la voluntad de depositar la totalidad de la cantidad requerida. Si no aportan esos tres millones que faltan, se procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

En declaraciones a Radio Euskadi, Artur Mas afirmó que todavía no ha conseguido reunir el dinero para hacer frente a la fianza, y añadió que los tres millones que restan corresponden a “7.000 ordenadores que están funcionado en las escuelas catalanas”. “Es decir, se nos está pidiendo que presentemos como fianza un bien que está funcionando en el propio país, lo que es realmente esperpéntico, pero estamos ahí”, censuró.

Solidaridad Recordó que se ha abierto una caja de solidaridad en Catalunya en la que colaboran la ANC, Òmnium Cultural y algunos partidos para pagar este montante, por lo que “en los próximos días se puede ampliar algo” la cantidad a aportar. “Los que estamos investigados tenemos ya nuestras casas tasadas y, si no hay más remedio, las tendremos que aportar como garantía”, insistió. - DNA