gasteiz - Tras un primer encuentro con los grupos en el que apenas se entró en contenidos, ayer el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, comenzó la ronda de contactos para recabar los apoyos que necesita el Gobierno del PNV y el PSE para sacar adelante sus Presupuestos para 2018. Aunque las cuentas de este año se aprobaron gracias a la abstención del PP, el Ejecutivo no ha querido establecer preferencias y quiere reunirse con todas las formaciones con el objetivo prioritario de salvar el trámite de las enmiendas a la totalidad y poder debatir en el Parlamento sobre el detalle de la propuesta. En ese sentido, ayer el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, emplazó a todos los actores a establecer un diálogo “sin vetos políticos que impidan analizar el contenido”.
Erkoreka subrayó que el Presupuesto encierra “una clarísima apuesta social”, tal y como reclaman Elkarrekin Podemos y EH Bildu, y en cuanto a la exigencia del PP de acercar la reforma fiscal pendiente a sus postulados, fue receptivo, pero con límites. Los impuestos, dijo, “son asuntos objeto de negociación, pero esperamos que los grupos sean capaces de disociar espacios, que cada cuestión se mantenga en el foro que corresponde”. Se refería a la necesidad de circunscribir el debate tributario a su ámbito competencial, el de las Juntas Generales de cada territorio histórico.
Sea como sea, Erkoreka y el Ejecutivo siguen sin “barajar la hipótesis de la prórroga”, y consideran que el Presupuesto “no solo es posible sino que es necesario para garantizar la estabilidad, la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”.
El propio lehendakari Urkullu destacó desde Barakaldo que “negociar y aprobar” los Presupuestos “significa ofrecer más oportunidades de empleo”, informa Efe.
Ese era el punto de partida del Gobierno en una ronda de reuniones que comenzó en la tarde de ayer con el recibimiento en Lakua al PP, que no se movió un milímetro de su posición. Según el parlamentario popular Antón Damborenea, la negociación debe incluir ingresos y gastos, es decir, sin una reforma fiscal al gusto de los conservadores no habrá ni abstención ni voto positivo para el Gobierno de Iñigo Urkullu.
Así, Damborenea emplazó al Ejecutivo a cumplir el acuerdo sobre fiscalidad suscrito “no hace ni ocho meses”. “No nos parece de recibo esta engañifla de que éste es un tema de las Juntas Generales y no del Parlamento; hemos firmado que esa reforma tiene que mejorar la competitividad de las empresas y ahora exigimos que se cumpla y se deje de echar balones fuera”.
Principalmente, el PP reclama un Impuesto de Sociedades más atractivo tanto en lo relativo al tipo como a las bonificaciones, y si el Gobierno Vasco “no sabe hacerlo, que copie lo que se hace en España”, dijo Damborenea, quien calificó de “mala” la propuesta de reforma fiscal pactada entre PNV y PSE, y aseguró que no se siente identificado con el proyecto presupuestario “para nada”.
Al menos, el PP ya tiene concertada otra cita con Azpiazu, aún sin fecha ni hora concreta, cosa que no pudo arrancar Elkarrekin Podemos al consejero. La formación morada presentó a Azpiazu una batería de enmiendas por valor de entre 110 y 140 millones de euros que contemplaba inversiones en diversos centros educativos de Euskadi, en comarcas desfavorecidas como Oarsoaldea, Enkarterri y Ezkerraldea, y en políticas de igualdad. Lander Martínez, portavoz parlamentario de la coalición, se emplazó al viernes, cuando comparecerá el consejero para dar cuenta de la ronda de contactos, que se cierra mañana con EH Bildu, pero en todo caso se mostró pesimista con respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para respaldar las cuentas.
“Estamos a la espera de su propuesta de vuelta, si es que quieren hacerlo; la pelota está en su tejado”, dijo Martínez, a la espera de averiguar “si tenían voluntad de negociar con todos los grupos o estaba todo preparado para pactar con el PP”.
