madrid - El pleno del Congreso dio ayer el primer paso para declarar la ilegitimidad y la nulidad de los tribunales franquistas y, por tanto, de todas las sentencias dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, y que hasta ahora solo se contemplaban como ilegítimas. La Cámara baja aprobó con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, el PNV, ERC y todos los partidos del Grupo Mixto salvo UPN y Foro Asturias, la toma en consideración de una proposición de reforma de la Ley de Memoria Histórica presentada por el PDeCAT. La misma busca declarar la nulidad y no solo la ilegitimidad de estos tribunales políticos y, en consecuencia, de sus condenas, a lo que el PP votó ayer en contra, mientras que Ciudadanos se abstuvo.

El PNV explicó su voto a favor de esta iniciativa, cuando el pasado jueves rechazó una medida prácticamente idéntica en el Parlamento Vasco, porque “declarar ope legis la nulidad de las resoluciones de los Tribunales franquistas solo está en la mano de las Cortes y no de otras instancias parlamentarias por muy bien intencionados que sean sus acuerdos y resoluciones ya que ningún tribunal las reconocerá”, aseguró el diputado del Grupo Vasco Mikel Legarda. Efectivamente, a la hora de votar en contra de la iniciativa de Elkarrekin Podemos para anular los juicios de los tribunales franquistas en Euskadi, que acabó decayendo, PNV y PP alegaron que el Gobierno y Parlamento vascos carecen de competencia en la materia. Según los servicios jurídicos de Lakua, ello haría la norma inaplicable y la abocaría a ser anulada por el Tribunal Constitucional.

La propuesta del PDeCAT aprobada ayer plantea modificar el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para “imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.

Igualmente apuestan por declarar “ilegítimas y nulas” las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura “contra quienes defendieron la legalidad institucional” republicana, “pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, recordó que hace 10 años, cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.

Entonces, subrayó, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. Por eso, defendió la necesidad de anular por ley aquellas sentencias, siguiendo el modelo de Alemania que declaró la nulidad de los juicios del nazismo en 1998.

Además, Xuclà recordó que el pasado verano el Parlament aprobó por unanimidad una iniciativa similar para anular los juicios políticos dictados en Catalunya, por lo que pidió al PP y a Ciudadanos que, en coherencia con la posición de sus filiales catalanas, apoyara la tramitación de su iniciativa. Sin embargo, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, afeó al PDeCAT que quiera meter al Congreso en el “túnel del tiempo” con una propuesta, a su juicio, “muy deficiente” y que generará “inseguridad jurídica y confusión”.

En este sentido, argumentó que la ley vigente ya declaró ilegítimos aquellos tribunales y sus sentencias, lo que implica, desde su punto de vista, la “expulsión más rotunda de sus actuaciones del ordenamiento jurídico”. Por ello, según el PP, carece “de rigor jurídico” proponer que tanto los tribunales como sus resoluciones se declaren “nulos”.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos -formación que se abstuvo-, José Manuel Villegas, adelantó que su formación no se opondrá a la tramitación, aunque puso en duda sus efectos prácticos. Así, se preguntó si contribuirá a “una mayor dignificación de las víctimas” y advirtió que puede provocar situaciones de “inseguridad jurídica”. Aunque condenó la “etapa negra” que se inició con el “golpe de Estado contra la República”, apostó por “mirar al futuro” y por no utilizar estos asuntos para hacer, según su parecer, partidismo.

Reforma más ambiciosa Sí apoyó la tramitación el PSOE, aunque el diputado del PSC, José Zaragoza, dejó claro que en breve su partido registrará una propuesta de reforma de la Ley de Memoria más ambiciosa que ponga fin a las lagunas que, admitió, dejó la norma de 2007. Además, volvió a acusar a los gobiernos del PP de haber ninguneado esa legislación con su negativa a financiar las medidas por la memoria.

También a favor de la iniciativa se pronunció el PNV al entender que la Ley de Memoria Histórica se quedó corta en este aspecto, según explicó el diputado Mikel Legarda, que abogó por la “plena reparación” de aquellos que fueron víctimas de la violencia franquista. Consideró que la anulación de los tribunales de la dictadura “es una deuda moral y cívica con las víctimas” e insistió en que “hacerlo solo está al alcance de la mano de estas Cortes”.