PAMPLONA/MADRID. Las defensas han hecho público que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por auto de 27 de octubre de 2017, ha denegado, para su práctica en el acto del juicio oral que se celebrará en los proximos meses, "la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas" de los jóvenes de Altsasua, acusados por delitos de "lesiones y amenazas terroristas".
El referido auto admite la practica totalidad de las pruebas testi?cales, periciales y documentales interesadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones personadas. Sin embargo, "inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los jóvenes acusados, para los que se solicita una pena total de 375 a?os de privación de libertad, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías, subrayan los abogados.
"La cali?cación jurídica de los hechos (terrorismo), la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de lnstrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo mas de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde que se inició el procedimiento, y seguirán padeciendo en el juicio oral", han indicado.
En este escenario, la Seccion Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "está vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantias" que ampara la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La acusación del Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones se basa "en una hipotética vinculacion del movimiento denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí) con reivindicaciones de ETA cuyo origen se remontaría a 1976. año en el que ninguno de los acusados habia nacido". Esa campaña tendria como epicentro de su reivindicacion el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policia) y las Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. Las acusaciones, sirviéndose de un "informe de inteligencia" de la propia Guardia Civil, trasladan esta supuesta vinculación a un con?icto ocurrido en un bar de Alsasua sobre las 5 de la madrugada del día 15 de octubre de 2016, día de ferias, y califican los hechos "como delitos de terrorismo" al ostentar dos de los denunciantes la condición de agentes de dicho cuerpo.
"A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación", lamentan. "Se ha denegado" la declaración de testigos pertenecientes a diferentes movimientos de los que, a lo largo del tiempo, han venido propugnando la salida de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del Pais Vasco o de Navarra.
"Se han ignorado diferentes resoluciones absolutorias dictadas por distintos tribunales", en las que ?después de juzgar a personas que han sostenido reivindicaciones semejantes o han convocado actos como el OSPA EGUNA? se han enmarcado esos actos en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, impidiendo a las defensas su aportación al proceso. También se ha impedido la práctica de un informe pericial histórico que permitiría explicar el origen real de ALDE HEMENDIK, su nacimiento y evolución ajenos a ETA.
BARKOS REQUIERE "PROPORCIONALIDAD"
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha insistido en que no ve "proporcionalidad" en las penas que se solicitan para los agresores de dos guardias civiles y de sus parejas en Alsasua (Navarra), aunque ha subrayado que se trató de hechos "inadmisibles y que no se pueden permitir".
En un desayuno informativo de Europa Press, Barkos ha explicado que lo que ocurrió "no fue una pelea de bar" sino una "agresión" a dos agentes de la Guardia Civil que debe tener "su respuesta en el ámbito judicial".
Pero ha considerado excesivo que sea considerado un delito de terrorismo y que tres personas lleven un año en prisión preventiva esperando juicio, al que se enfrentarán otras ocho personas más. "Las familias de los jóvenes no piden impunidad, piden proporcionalidad. Hago mías sus palabras", ha añadido.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas "terroristas" para los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016.
El Ministerio Fiscal atribuye para siete de los acusados cuatro delitos de lesiones "terroristas", con una condena de 12,5 años por lesión. Además imputa a uno de ellos y al octavo en cuestión el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente 12 años y medio de cárcel y reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque.
El fiscal José Perals relata en su escrito de acusación que los hechos ocurren en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía desplegados en Navarra y CAV que se conoce con el nombre de 'Alde Hemendik' ('Fuera de aquí') y que en la actualidad busca crear un clima de "miedo y rechazo" entre los ciudadanos.
CARTA DE COVITE A LA COMISIÓN EUROPEA
El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha enviado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una carta en la que, según ha explicado, "desmonta una a una todas las falsedades que la izquierda abertzale (IA) ha vertido desde que radicales pertenecientes a la organización Ospa Mugimendua agredieran en octubre del pasado año a dos guardias civiles y a sus novias".
En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que firma la citada misiva, ha explicado que ésta "viene motivada por un escrito del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en respuesta a eurodiputados del PNV, EH Bildu, IU y Podemos".
"En él se afirmaba que la Comisión seguía el caso con interés y que actuaría como guardiana de los Tratados", ha indicado. Ordóñez ha recordado que Covite interpuso ante la Audiencia Nacional (AN) la denuncia por delitos de terrorismo y de odio contra los agresores de Alsasua y ahora "pretende que tanto la versión de las víctimas sobre lo ocurrido como los argumentos de su denuncia lleguen a las más altas instancias de la Unión Europea para frenar la manipulación que la IA, amparada en otras fuerzas políticas, está haciendo del caso".
Ordóñez ha indicado que junto a la carta se incluyen "imágenes en las que se ve a niños entrando en atracciones donde cuelgan carteles de perros ataviados con un tricornio de la Guardia Civil", así como "declaraciones de los padres de una de las chicas agredidas".
