Solo en 2016 se produjeron 9.571 casos de atentado contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. Son datos oficiales, aportados en el Senado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a una interpelación de Jon Iñarritu, de EH Bildu. Pero la pelea de Altsasu, que se saldó con hematomas y una fractura de tobillo, fue calificada como terrorismo después de que la asociación de víctimas Covite se personara como acusación popular en la Audiencia Nacional y su denuncia fuera admitida a trámite por la juez Carmen Lamela.

Las madres y los padres de los jóvenes se sienten indefensos ante la “sobreactuación judicial” en este caso, en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 375 años de cárcel para los ocho jóvenes imputados. Al respecto, atribuye a siete de los acusados cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de 12,5 años por lesión. Además imputa a uno de ellos y a una octava el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente 12 años y medio de cárcel y reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque. Una vez más, destacan que lo que sucedió aquella noche “no es terrorismo” y que no piden impunidad sino que los hechos se juzguen en Pamplona. “Solo pedimos un juicio con garantías procesales”, asegura Koldo Arnanz, padre de Oihan Arnanz. Las familias recuerdan que juristas como Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, señalaron que hubo “sobreactuación judicial y de procesamiento desorbitado y fuera de la realidad social” y que no podía considerarse el caso delito de terrorismo.

CRIMINALIZADOS Las madres y los padres, que se agrupan en torno a Altsasu Gurasoak, denuncian que el auto se fundamenta en un relato de parte, en base al segundo informe emitido por la Guardia Civil. En el primero y también en otro realizado por la Policía Foral, no se percibía tal delito. “Una semana después de la pelea la Guardia Civil condecoró con una medalla al teniente y al sargento, que también recibieron otra condecoración del Ministerio de Interior”, destacan.

La magistrada Lamela enmarca los hechos en las rutinas de “hostigamiento” a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua. El fiscal José Perals relata en su escrito de acusación que los hechos ocurren en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía desplegados en Navarra y País Vasco que se conoce con el nombre de Alde Hemendik y que en la actualidad busca crear un clima de “miedo y rechazo” entre los ciudadanos. Asimismo, apunta que esta reivindicación fue introducida en 1976 por ETA pero que la izquierda abertzale la mantiene en la práctica pese al cese de la actividad armada anunciado en octubre de 2011.

“Nos parece todo tan irreal y absurdo que a veces nos cuesta creer que realmente esté pasando”, opina Bel Pozueta. “En este caso hay algo oculto que algún día lo sabremos”, sostiene Igone Goikoetxea. Hipótesis tienen varias. “Se ha hablado de querían dinamitar el cuatripartito del Gobierno de Navarra. Otros dicen que tras la desaparición de ETA está en cuestión la Audiencia Nacional y quieren darle nuevos contenidos. También se habla de que quieren suprimir el plus que cobran las Fuerzas de Seguridad del Estado por terrorismo o que pretende ser ejemplarizante”, sugieren.

Lo que tienen claro, y les causa terror, es que el caso sentará jurisprudencia. Y es que es el primer caso al que se ha aplicado una modificación legislativa que se hizo al Código Penal en el año 2015 para los llamados lobos solitarios yihadistas. Se trata del artículo 573.1 que considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

JUICIo sin fecha Si bien al principio el caso tomó celeridad, la jueza Lamela finalizó la instrucción en febrero, por lo que esperaban que este otoño se supiera la fecha del juicio, no ha sido así. “El plazo mínimo para notificar la fecha es 20 días”, apunta Koldo Arnanz. “La prisión preventiva es un máximo de dos años pero puede ampliarse a otros dos”, añade. Al respecto, destacan que “es una medida excepcional que se debe aplicar cuando el delito y sus consecuencias son muy graves. En nuestro caso consideramos extremada esta aplicación, unos chavales llevan un año en prisión y sin fecha de juicio cuando la consecuencia más grave fue un tobillo roto”.

Lo cierto es que las madres y padres se muestran desesperanzados. “Alegrías hemos tenido pocas. Ha sido un golpe tras otro. Han cogido esto como una razón de Estado”, lamenta Igone Goikoetxea. Pero como dice Maite Ziordia, “necesitamos tener esperanza”. Asimismo, hablan de posverdad, cuando el debate se enmarca en apelaciones a emociones y creencias personales, pasando los hechos a un segundo plano en un caso que saltó a los medios nacionales desde el principio. “Hablaron de una línea de la vergüenza, de un pueblo hostil”, recuerda. Además, se vulneraron derechos de sus hijos, como el de intimidad, con fotografías y datos, o presunción de inocencia.

También se muestran dolidos por la imagen que se ha transmitido de Altsasu como “territorio hostil” y recuerdan que el coronel Javier Hernández, máxima autoridad del Instituto Armado en Navarra, afirmó que la Guardia Civil no se sentía especialmente incómoda en Alsasua. “En Altsasu no hay odio”, aseguran, al tiempo que subrayan que es una localidad dónde hay una gran tradición de convivencia de personas procedentes de diferentes lugares que han hecho suya la idiosincrasia y cultura del pueblo.

Este año último también ha sido de una intensidad actividad, de acudir a diferentes instituciones, a todas a las que han podido llegar para que les escuchen y les ayuden a encauzar la situación: Parlamento de Navarra, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo, entre otras. Pero sobre todo han estado en la calle, en diferentes puntos del Estado, para contar su relato y decir alto que lo que pasó en Altsasu aquella noche no es terrorismo.

Y es que está en juego el futuro de sus hijos. En esta tormenta de emociones y sentimientos, intentan buscar un norte. Pero no es fácil, una pesadilla que les está pasando factura. “Nos mantenemos en pie gracias ala solidaridad. Estamos recibiendo el apoyo del todo el mundo, personas de todo tipo de creencias e ideologías”, agradece Maite Ziordia.

Lo cierto es que esa ola de apoyo que se gestó desde el principio se ha convertido en un tsunami, con miles de personas en las numerosas movilizaciones organizadas este año, tanto por Altsasu Gurasoak como por otros colectivos, especialmente Altsasukoak aske. Asimismo, cerca de 75.000 personas han firmado el manifiesto promovido por Altsasu Gurasoak, en el que se pide fundamentalmente que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad. Para mañana han convocado una concentración a las 20.00 horas en la plaza Iortia para realizar un mural humano, para lo cual se invita a llevar ropa oscura y una linterna. Después, a las 20.15 horas habrá un apagón.