bilbao - El giro del president Puigdemont el jueves 26 de octubre aceptando durante unas horas disolver el Parlament de Catalunya y convocar elecciones fue el resultado de un proceso de conversaciones que desde días antes estaba llevando a cabo el lehendakari, Iñigo Urkullu, con responsables políticos e institucionales al más alto nivel y con personalidades del mundo empresarial catalán. Pocas veces se ha televisado una negociación política de tan alto calado como la que se vivió ese día entre los gobiernos español, catalán y vasco con sus presidentes a la cabeza. Fue prácticamente la retransmisión en vivo y en directo de un diálogo entre bambalinas en el triángulo Palau-Moncloa-Ajuria Enea mientras sonaban las alarmas de la declaración unilateral de independencia de Catalunya por parte del president Carles Puigdemont y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte del presidente Mariano Rajoy. Esa mañana y los días precedentes todo parecía abocado al choque de trenes pero de pronto surgió una posibilidad para evitarlo, encarnada en la figura de Urkullu. Sus contactos con unos y con otros desde tiempo atrás le convirtieron esos días en una posible tabla de salvación que finalmente no fue.
La secuencia de la mediación arranca el miércoles 25 de octubre con la reunión entre el lehendakari y un grupo de empresarios catalanes formado por Joaquim Coello (ejecutivo y presidente de la Fundación Carulla), Marian Puig (presidente de Global Barcelona, un lobby de empresarios y profesionales), Juan José López Burniol (vicepresidente de La Caixa) y Emilio Cuatrecasas (abogado y fundador del prestigioso bufete Cuatrecasas). Para entonces Puigdemont ya había admitido en una carta a Rajoy que en el pleno del Parlament del 10 de octubre no se había declarado la independencia, en línea con lo declarado este viernes por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, al juez del Tribunal Supremo.
Esta delegación de empresarios, que pone cara a un grupo más amplio de representantes de la sociedad civil catalana, se reunió con Urkullu el miércoles por la tarde en Lehendakaritza. Su propósito era buscar una solución de mediación entre la Generalitat y el Gobierno español. A través de estos emisarios, Urkullu envió un mensaje esa misma tarde a Puigdemont preguntándole si estaría dispuesto a no materializar en el Pleno del Parlament del día 26 la declaración unilateral de independencia y a convocar elecciones a cambio de que Rajoy se comprometiera a no aplicar el 155.
Fuentes conocedoras de la situación aseguran a este diario que el president respondió afirmativamente y convocó de urgencia en el Palau a su gobierno. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche y concluye pasadas las dos de la madrugada. Puigdemont envía un mensaje al lehendakari en el que le adelanta que ha comunicado a su ejecutivo que si se “retiraba o suspendía” el 155, convocaría elecciones ese mismo jueves. Por la mañana, una hora antes de la rueda de prensa anunciada para las once, el president le reitera en mensaje por el móvil que ha decidido convocar elecciones, añadiendo que es una decisión que no le gusta, pero convencido de que es la mejor que se puede tomar a la luz de los acontecimientos, siempre según las fuentes consultadas.
A esas horas, el lehendakari se encontraba en el Pleno del Parlamento Vasco y ya era público y notorio que había un proceso de conversaciones a tres bandas entre Gasteiz, Barcelona y Madrid. Urkullu salía constantemente de la Cámara para atender llamadas telefónicas y se recluía en su despacho perseguido por los periodistas. En respuesta a un texto enviado poco antes por Puigdemont, a las 10.42 el lehendakari le envía una propuesta de convocatoria de elecciones con apuntes sobre el encaje en la legislación española, en la ley orgánica de régimen electoral general (Loreg), y le hace saber que esa condición era clave para asegurar el compromiso, no escrito, de Rajoy de frenar el 155. Puigdemont aceptó esa premisa y respondió afirmativamente a los consejos de Urkullu y del grupo de empresarios catalanes.
Todo estaba listo, tan solo faltaban 18 minutos para que se formalizara. Pero, llegada la hora, los servicios de prensa del Palau anunciaron que se retrasaba la comparecencia. Lo que ocurrió en ese lapso de tiempo es un misterio, aunque los acontecimientos y las reacciones posteriores son un buen alimento para la imaginación y las conjeturas. El propio lehendakari empieza a preocuparse y a mudar su gesto.
El anuncio por Twitter de dos diputados del PDeCAT, Jordi Cuminal y Albert Batalla, de que dejaban el partido por la marcha atrás en la declaración de independencia y el anuncio de una convocatoria de elecciones fue el primer indicador de la división interna en las filas del partido de Puigdemont. Las redes sociales recalentaron el ambiente y pusieron en la diana al president por su ciaboga y en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau, centenares de independentistas gritaban “¡Puigdemont, traidor!”. ERC reunió de urgencia a su ejecutiva y amenazó con dejar el Govern, mientras la CUP ponía el grito en el cielo.
Las alertas empiezan a saltar cuando, tras anunciar nuevas comparecencias públicas, Puigdemont tampoco se presenta, hasta que finalmente desde el Palau remiten su declaración a lo que vaya a decir por la tarde en el pleno del Parlament. Era la señal del cambio de guion. Pasadas las dos, el lehendakari recibe el ya conocido mensaje del president: “Lehendakari, hay una rebelión en marcha ya de los nuestros. Se me dan de baja los diputados, no puedo aguantar”.
En estas condiciones se llegó al Pleno del Parlament de la tarde del jueves en el que finalmente se debatió la declaración de independencia que fue aprobada al día siguiente. Ese viernes por la tarde, el Senado aprobó el artículo 155, con la aquiescencia del PSOE que retiró la enmienda. Urkullu lo intentó hasta el último momento con una propuesta a través del senador del PNV Jokin Bildarratz, pero ya no había margen. - H.Unzueta
