madrid - El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó ayer una fianza de 400.000 euros al ex presidente madrileño Ignacio González para salir de prisión, donde se encuentra desde el 21 de abril por el caso Lezo. García Castellón le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales una vez que deposite la fianza.

El juez tomó esta decisión en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se había pronunciado a favor de dejar en libertad bajo fianza a González al entender que el riesgo de que vuelva a delinquir gracias al manejo de fondos en Colombia o Panamá es ahora más bajo gracias a la colaboración judicial con estos países y al estado avanzado de la investigación. Así, el Ministerio Público abogaba por imponer a González “unas medidas menos restrictivas” de los derechos fundamentales, atendiendo a que el riesgo de fuga y de reiteración delictiva se han reducido tras más de seis meses de investigación, según informó ayer la Fiscalía General del Estado.

En el auto, de 14 páginas, García Castellón precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.

En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama Lezo como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros. Le acusa de autorizar a un despacho de abogados un informe relativo a la operación y luego esconderlo permitiendo el pago de la operación con fondos públicos hasta el año 2012.

Respecto a la compra de la brasileña Emissao en 2013, García Castellón determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y dice que existen indicios que demuestran que González y su hombre fuerte en Sudamérica se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.

“Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado sino que, muy al contrario, estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada en la que cada partícipe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo”, reza el auto del juez en el que precisa que la actuación de la trama superó las fronteras nacionales situándose en Brasil, Panamá, República Dominicana y Colombia.

matas admite que prevaricó Por otro lado, el ex presidente del Govern balear Jaume Matas admitió ayer por primera vez ante un tribunal haber cometido prevaricación, en concreto en una concesión relacionada con el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, y aportó 35.000 euros para resarcir el daño causado, en su sexto juicio por esta macrocausa.

La defensa de Matas y las acusaciones alcanzaron un acuerdo de conformidad en el sexto juicio contra el ex presidente balear por el llamado caso Palma Arena, el correspondiente a la pieza separada número 14, celebrado ayer ante la sección primera de la Audiencia de Palma, donde inicialmente la Fiscalía pedía para él una condena 1 año y 6 meses de prisión por prevaricación y fraude. Finalmente la acusación ha sido por un delito de prevaricación y, ante la admisión de los hechos y el pago de la responsabilidad civil, las acusaciones tuvieron en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño para fijar la pena solicitada.

Matas admitió los hechos, el haber dictado “una resolución prevaricadora” para beneficiar de manera irregular a una empresa de publicidad con 350.000 euros, sin concurso y saltándose el procedimiento administrativo, y se conformó con la pena de 7 años de inhabilitación solicitada.

Además Matas aportó la semana pasada los 35.000 euros reclamados como responsabilidad civil, por lo que la comunidad autónoma “tiene resarcido completamente el daño”, según explicó la letrada ante el tribunal. Es la primera vez que el ex presidente admite la comisión de un delito.

Los hechos reconocidos por el ex presidente y ex ministro de Medio Ambiente ocurrieron en marzo de 2007, cuando la empresa de publicidad que había llevado a cabo la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de ese año y que había sido además adjudicataria del contrato para llevar a cabo la campaña publicitaria del Mundial de Ciclismo por 845.000 euros, percibió esos otros 350.000 euros de forma arbitraria.