bruselas - Cuando se supo que Carles Puigdemont estaba en Bélgica, el cesado presidente de la Generalitat de Catalunya aseguró que no iba a pedir asilo político y que su intención no era huir de la Justicia porque, de hecho, anunció que si la Audiencia Nacional dictaba una euroorden de detención contra su persona, su siguiente paso iba a ser entregarse a la justicia belga, como finalmente sucedió el pasado fin de semana. Puigdemont mostraba de este modo su desconfianza con la justicia española, una posición que reiteró ayer en artículo publicado en el diario inglés The Guardian, donde aseguraba que el sistema judicial español tiene “serias deficiencias” como falta de independencia y de neutralidad, y también que existen vínculos entre la judicatura y el Gobierno del PP que son visibles para todo el mundo. Además, dudaba de que puedan contrar con “garantías formales” en la Audiencia Nacional.

Resultaba evidente de este modo que tanto Carles Puigdemont como los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas iban a pactar con la justicia belga su entrega a las autoridades. Así, el portavoz de la Fiscalía belga Gilles Dejempe, confirmó ayer que el organismo que representa y la defensa del expresident de la Generalitat, acordaron el pasado sábado la entrega del ex máximo dirigente del Govern catalán y de los otros cuatro exconsellers ante la euroorden dictada desde la Audiencia Nacional por la jueza Carmen Lamela para su detención y extradición.

Dejempe explicó que hubo contactos para que los exconsellers y el expresident pudieran presentarse voluntariamente ante las autoridades belgas, algo que finalmente se produjo el pasado domingo a primeras horas. En concreto, Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se personaron ante la Fiscalía belga a las 9:17 minutos de la mañana.

Ante esta situación, se buscó un juez de instrucción para que pudiera estudiar simplemente el riesgo de fuga ante la orden de ejecución y entrega reclamada. “El juez de instrucción solo debía considerar el riesgo de fuga y lo consideró limitado y que no era necesario dictar prisión provisional”, destacó el portavoz de la Fiscalía, quien también puso énfasis en la independencia de la decisión judicial.

Comparecencia Según explicó Dejempe, la semana que viene, en concreto el próximo viernes día 17, tendrá lugar la primera audiencia de la Cámara del Consejo, donde las partes, incluyendo la defensa, podrán presentar sus argumentos, incluida su oposición a la euroorden. La decisión se puede alargar 5 o 6 días, a diferencia de los 60 o 90 días que puede prolongarse para las personas detenidas. El portavoz también aclaró que “el parque federal no tiene competencias para este asunto y han considerado que el parque de bruselas era más competente” para llevarlo.

Se trata de la primera vista prevista ante la jurisdicción belga de Puigdemont y los cuatro exconsellers tras ser interrogados y puestos en libertad con medidas cautelares casi quince horas después por un juez de instrucción de Bruselas, en cumplimiento de la euroorden remitida por la justicia española. La vista se ha fijado para las 14:00 horas. La Cámara del Consejo de Bruselas, situada bajo la autoridad del tribunal de primera instancia flamenco de la capital belga, debe reunirse legalmente en un plazo máximo de 15 días después de la comparecencia ante el juez de instrucción belga que tuvo lugar ayer.

Una orden de arresto europea puede ser bloqueada por varias razones en Bélgica, pero la mayoría son de naturaleza procesal, como cuando el delito en cuestión hubiera prescrito en Bélgica o ya haya sido juzgado y condenado en otro país. También existe una excepción por motivos de derechos humanos, cuando la extradición perjudicaría los derechos fundamentales del acusado.

El tribunal debe decidir en 15 días si existen razones suficientes para suspender la extradición. Hay varias posibilidades para apelar, pero en cada caso con un límite de tiempo de 15 días. Las autoridades belgas deben informar a sus homólogos europeos si una orden de detención europea no puede ejecutarse después de 90 días.

El procedimiento de orden de detención europea puede detenerse solicitando asilo político. Sin embargo, casi todas las solicitudes de ciudadanos de la UE han sido rechazadas en apenas cinco días, señaló el profesor de derecho Dirk Vanheule a Reuters a principios de esta semana. Incluso si la extradición ha sido aprobada por un juez, la orden aún puede ser detenida por “razones humanitarias graves”, como la vida o la salud del acusado que se vean amenazadas por la medida. - DNA