Garzón, Grande-Marlaska, Pedraz, Andreu, Gómez de Liaño... Desde que subió la persiana en las postrimerías de la dictadura franquista, la Audiencia Nacional se ha consolidado como una fértil cantera de jueces cuyos nombres han trascendido a los medios de comunicación y, por ende, a la opinión pública. Expuestos a los focos de las cámaras, sus caras llenan una infinidad de páginas en los medios de comunicación. En cambio, el caso de Carmen Lamela es una rara avis. Responsable de algunas de las decisiones judiciales más polémicas de los últimos meses, lleva la discreción por bandera. Tanto es así que sus fotografías públicas se cuentan con los dedos de una sola mano.

Su carrera judicial tuvo un antes y un después el 15 de octubre de 2016. El mismo día que recibía la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, un suceso a 400 kilómetros de Madrid echaría por tierra todo su afán de discreción. La agresión a dos agentes de la propia Benemérita y a sus respectivas parejas en un bar de Altsasu llegó a su mesa solo unas jornadas más tarde. Su consideración de que existían hechos constitutivos de un delito de terrorismo llevó su nombre a todos los titulares y generó un clima de crispación. Pero la pelea en la localidad navarra no es el único episodio mediático en el que ha intervenido. El caso de corrupción que afecta al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o el juicio a la cúpula de Abengoa también han pasado por sus manos.

Lamela no pertenece a ninguna de las diversas asociaciones judiciales existentes en España, aunque en su carta de presentación hay un capítulo que le otorgó en su día la etiqueta de progresista. Antes de llegar a la Audiencia Nacional, trabajó como asesora en el Ministerio de Justicia durante la segunda legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, sus controvertidas decisiones judiciales en casos mediáticos han ido diluyendo esa antigua catalogación.

Esas decisiones, además, han contado con el beneplácito del Gobierno de Rajoy. Hace apenas dos meses, Lamela recibió también la Medalla al Mérito Policial, una condecoración otorgada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que da derecho a una pensión. Solo unos días después, recibía en su despacho la instrucción de la causa contra Sànchez y Cuixart y, más tarde, la de los miembros del Govern cesado.