Gasteiz - Una de las bases del acuerdo de Gobierno suscrito entre PNV y PSE hace un año pasa por la exigencia del traspaso de las 37 competencias pendientes contempladas en el Estatuto de Gernika, y especialmente la gestión de las prisiones y de la Seguridad Social. Ayer en el Parlamento Vasco quedó de manifiesto que se puede conformar un frente común entre los partidos para materializar el primero de los traspasos, pero no ocurre lo mismo con el segundo.

En lo relativo a las prisiones, Elkarrekin Podemos, PNV, EH Bildu y PSE redactaron una enmienda transaccional a partir de una moción de la coalición que conforman Podemos, Ezker Anitza y Equo, un texto del que solo se desmarcó por tanto el PP y en el que se insta a los gobiernos vasco y español “a que inicien el diálogo para proceder a la convocatoria, en el plazo más breve posible, de la Comisión Mixta de Transferencias, al objeto de llevar a cabo un proceso de negociación que culmine con un acuerdo que permita hacer efectiva la transferencia de las competencias relativas a los Servicios Penitenciarios prevista en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía”.

El acuerdo en una materia tan delicada como la de las cárceles ha sido posible porque dicha transferencia no afecta a la política penitenciaria, donde podría entrar en juego el futuro de los presos de ETA, sino a la gestión de las prisiones y centros de reinserción existentes en Euskadi. En ese aspecto hacía hincapié la socialista Alexia Castelo, mientras que el parlamentario de Elkarrekin Podemos Juan Luis Uria recordaba que esta cuestión “no es solo ETA”; y desde EH Bildu Jone Goirizelaia avisaba de que su apoyo “no es un cheque en blanco”. Desde el PNV, Joseba Zorrilla abogaba por traer la competencia para trabajar en una gestión penitenciaria “más humanitaria y orientada hacia la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de libertad”. Por su parte, la parlamentaria del PP Nerea Llanos justificaba su rechazo a la enmienda alegando que “más importante que tener la competencia es tener gestores competentes”.

En el caso de la Seguridad Social, y pese a que en este caso la Cámara por unanimidad quiere la transferencia, el acuerdo fue imposible. EH Bildu, que llevó la cuestión a la Cámara; PNV y PSE, como socios en el Gobierno Vasco, Elkarrekin Podemos y el PP plantearon cada uno sus propias propuestas y ninguna logró recabar el apoyo suficiente como para ser aprobada. Jeltzales y socialistas abogaban por garantizar “el carácter unitario y el principio de solidaridad” de la Seguridad Social, mientras que EH Bildu reclamaba recaudar las cuotas y pagar las prestaciones, o gestionar altas y bajas y garantizar el sostenimiento del sistema. En el PP, en cambio, advertían de que la ruptura de la caja única implicaría gestionar un sistema “deficitario”, y Elkarrekin Podemos pedía evitar el recurso a los planes privados de pensiones.