- Carles Puigdemont no tiene previsto acudir hoy a la Audiencia Nacional donde la jueza Carmen Lamela le ha citado imputado, entre cuestiones, por un delito de rebelión, lo que podría acarrear hasta 30 años de prisión. El cesado president del Govern catalán se encuentra en Bruselas desde el pasado lunes, ciudad donde el martes compareció ante la prensa para señalar que no regresará al Estado español hasta que no le garanticen un “juicio justo”.
Así, de entrada, y salvo cambio de última hora, Puigdemont no hará el paseíllo ante la Audiencia Nacional. Paul Bekaert, el abogado belga del expresident, afirmó ayer que su cliente no tiene pensado acudir a Madrid, y propuso que declare en Bélgica, donde se encuentra actualmente. En declaraciones a la agencia Associated Press, Bekaert aseguró de forma tajante que Puigdemont “no va a ir a Madrid”. “He sugerido que le interroguen aquí, en Bélgica. Es posible. Puede ser interrogado aquí, está previsto legalmente “, añadió.
En la comparecencia ante la prensa en la capital belga, Puigdemont estuvo acompañado por siete de quienes han sido consellers de su Govern. Sin embargo, en la noche del martes volaron de Bruselas a Barcelona el responsable de Interior, Joaquin Forn; el de Cultura Lluis Puig; y la de Trabajo Dolors Bassa. La duda estriba en saber qué postura adoptarán los cuatro consellers que siguen con él. De momento, la responsable de Governaciò, Meritxell Borràs (PDeCAT); la de Agricultura Meritxell Serret (ERC); y los de Salud y Educación, Toni Comín y Clara Ponsatí (independientes), respectivamente, han pedido declarar desde Bélgica, siguiendo así el ejemplo de Puigdemont.
La jueza Lamela ha citado entre hoy y mañana a Puigdemont, al que fuera su vicepresident, Oriol Junqueras, y otros 12 consejeros del Govern para tomarles declaración en el marco de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra todos ellos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. En el marco de estas mismas actuaciones, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llamado a declarar, los mismos días, a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a los otros cinco miembros de la Mesa, que ayer se trasladaron a Madrid.
Ambos tribunales han admitido las dos querellas presentadas el pasado lunes por el departamento que dirige José Manuel Maza. Los investigados en la Audiencia Nacional están citados a partir de las 9.00 horas; media hora más tarde los querellados -que tienen la condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de este órgano- ante el alto tribunal.
La Fiscalía atribuye a todos los querellados el delito de rebelión al entender que los “cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados” con sus actos, “realizados con absoluto desprecio” a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la nación española, que es “patria común e indivisible de todos los españoles”.
Añade en su querella que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión “no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas”. “Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consumación de los fines rebeldes”, dice para justificar la atribución de este delito, el mismo por el que fueron condenados los responsables del 23-F.
Siguientes pasos ¿Qué puede suceder si Puigdemont no se presenta en la Audiencia Nacional? De entrada, la Fiscalía podría pedir a la jueza que dicte una euroorden contra el expresident y los consellers. La Policía belga los debería localizar y arrestar y entonces se iniciaría un proceso legal que podría finalizar con los responsable políticos catalanes extraditados al Estado español o, en caso contrario, permaneciendo en Bélgica como asilados, lo que abriría una crisis en la Unión Europea.
¿Y qué puede suceder con el resto de las personas citadas entre hoy y mañana si Puigdemont no comparece? Son muchos lo que piensan que el fiscal va a pedir el ingreso en prisión de los principales dirigentes catalanes a tener en cuenta de la gravedad de la pena establecida para el delito de rebelión -hasta 30 años de prisión-. Además, el hecho de que el expresident y cuatro de sus consellers no atiendan a la citación judicial puede hacer que la Fiscalía se reafirme en su petición de prisión ante lo que se podría considerar un evidente riesgo de fuga.
