Urkullu pide una Ley de Claridad europea para Euskadi y Catalunya

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia ofrecida en el Centro de Relaciones Internacionales de Montreal, un foro de debate en el que participan destacados agentes políticos e institucionales, así como empresariales y culturales de Quebec.

Urkullu aprovechó su estancia en Quebec para poner en valor el modelo quebequense para la gestión de las demandas nacionales de esta provincia autónoma de Canadá. “Es un modelo especialmente valioso por la experiencia de los referéndums de 1980 y 1995, la tramitación de la denominada Ley de Claridad y la respuesta dada por el Parlamento de Quebec con la llamada ley del 99 o ley de los derechos políticos”.

La Ley de Claridad quebequense establece las condiciones en las que el Gobierno de Canadá debería abordar una negociacion con Quebec o cualquiera de los otros doce territorios autonómos que pidieran un nuevo estatus de soberanía. El modelo de Quebec, y su Ley de Claridad, junto con la de Escocia, es una de las referencias principales del lehendakari Urkullu a la hora de plantear salidas a los problemas vasco y catalán. “Es un modelo de referencia, no una vía de aplicación necesaria o copia a los casos de Euskadi y Catalunya”, precisó.

La Ley de Claridad aprobada por el Parlamento federal de Canadá recoge los planteamientos principales de la Corte Suprema del país norteamericano (que a falta de un Tribunal Constitucional también realiza interpretaciones de la Carta Magna canadiense), que estableció en 1998 una serie de condiciones y de pautas para un eventual referéndum tras los dos realizados en Quebec. En el primero de ellos, en 1980, el no a la independencia ganó de manera holgada con un 60% frente a un 40% del sí, pero en el de 1995 el no ganó con un 50,58% de los votos frente al 49,42% de los partidarios por la independencia. La votación se dirimió por apenas 50.000 votos de diferencia, sobre un censo de casi cinco millones de votantes.

La Ley de Claridad establece las condiciones en las que, tras un referéndum, el Gobierno de Canadá debería negociar, en este caso con Quebec. Esta legislación establece los mecanismos regulatorios de un nuevo referéndum. El Parlamento canadiense tiene la facultad de determinar si la pregunta sobre la independencia es clara, y si ha habido una mayoría clara para que el resultado de las urnas sea considerado como válido si el voto independentista supera al unionista. Asimismo, se arroga la capacidad de fijar el mínimo de participación necesario para dar por bueno el resultado. En caso de que el resultado favorable a la secesión fuera dado como válido por el Parlamento federal, se procedería a la apertura de negociaciones entre los Gobiernos federal y el de Quebec.

A la luz de estos preceptos, la Ley de Claridad ofrece al Gobierno de Canadá un margen de discrecionalidad en su interpretación que no convence al nacionalismo quebequense, pero el hecho mismo de aceptar el referéndum como vía de solución y la aceptación de sus resultados supone el reconocimiento de que acepta la ruptura de la unidad nacional canadiense, lo que difiere completamente del actual modelo español.

Urkullu subrayó que la Ley de Claridad se basa en el “diálogo permanente, un diálogo bilateral”, y reconoce la capacidad de Quebec de decidir su futuro y consultar a la sociedad. También subrayó esta vía porque se fundamenta en el principio de legalidad, ya que “respeta los procedimientos y las normas, desarrollando su potencialidad”. Por último, resaltó que es una salida que requiere de la negociación y el acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el de Quebec. En este contexto, Urkullu señaló que “más tarde o más temprano, la Unión Europea deberá abordar una directiva sobre claridad para dar cauce a las aspiraciones de las diversas naciones que la integran.

La intervención del lehendakari estuvo salpicada de referencias a la situación de Catalunya y volvió a mostrarse contrario a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dijo a Mariano Rajoy que es necesario “repensar el modelo territorial del Estado” y le emplazó a que acepte la plurinacionalidad. Se declaró independentista, pero abogó por una adecuación de ese concepto a la realidad actual “para ver cómo Euskadi se puede encajar gradualmente en la Unión Europea”. Tanto para Euskadi como para Catalunya, pidió al presidente español “diálogo de buena fe, como base de un proceso de negociación con voluntad de acuerdo, que actualmente no existe en el Estado español”.

integración El lehendakari se reunió también con el ministro de Inmigración, Diversidad e Inclusión del Gobierno de Canadá, David Heurtel, con el que acordó que Euskadi y el país norteamericano compartirán información y experiencias sobre integración e inclusión social. También mantuvo un encuentro con Herman Deparice-Okomba, director del Centro para la Prevención de la Radicalización que conduce a la violencia, un centro pionero que trabaja con personas radicalizadas en el yihadismo, y en el extremismo de derechas o de izquierdas. Tras la reunión, Urkullu abogó por promover una educación para la convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y adelantó algunas de las líneas de actuación frente al terrorismo yihadista.