Madrid - Soraya Sáenz de Santamaría ejerce ya como presidenta de Catalunya. La vicepresidenta del Gobierno central asumió de madrugada, una vez publicado en el BOE, las funciones y competencias que corresponden Presidencia de la Generalitat tras el cese de Carles Puigdemont en aplicación de las medidas del 155. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, delega así en Sáenz de Santamaría la coordinación con los ministerios que se han hecho cargo de las competencias de las consellerias, después de que todos sus responsables fueran igualmente destituidos.
Aunque en el Boletín Oficial del Estado publicado la madrugada de ayer se determina que Rajoy asume las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat de Cataluña previstas en el Estatut, en otro artículo del decreto se especifica que delega a su vez esas funciones en la vicepresidenta. El Gobierno ha eludido incluir en los reales decretos de cese de Puigdemont y del resto de consellers catalanes la frase habitual en estos casos en la que se agradece a los destituidos los “servicios prestados”.
Todas estas disposiciones forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, tras la autorización del Senado, que se desarrollan en cinco decretos que entraron ayer en vigor, después de que el Parlament de Cataluña aprobara la declaración de independencia. La supresión de la autonomía se aplica ya de forma oficial, y parece que efectiva. Todos los cargos, empezando por el major Josep Lluís Trapero, están acabando los ceses reconociendo la nueva autoridad.
Mientras tanto, ayer se celebró en Madrid la primera reunión presidida por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, con los subsecretarios de los ministerios que asumen las competencias del Govern catalán. Durante el día también fueron suprimidos todos los órganos creados por la Generalitat que tenían como objetivo avanzar en el proceso independentista, entre ellos el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional. Ahora esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre otros que están impugnados para eliminarlos.
De momento, el Gobierno del PP ha decidido que desaparezcan esos órganos creados en aras de un proceso que recuerda que ha sido prohibido por sucesivas sentencias judiciales. Así, uno de los que ha tenido más relevancia ha sido el Consejo Asesor para la Transición Nacional y ahora llamado Instituto de Estudios para el Autogobierno. Un órgano que dirigido por el jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, investigado por los preparativos del referéndum.
El Gobierno también elimina la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña y el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). A ellos se suma la Oficina del presidente de la Generalitat, la del vicepresidente y las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el extranjero y en las organizaciones internacionales.
Sin embargo, el decreto aprobado por el Ejecutivo que elimina esos organismos aclara que no se suprimen los que han sido creados por leyes que se encuentran actualmente impugnadas ante el Tribunal Constitucional y sobre las que éste aún no se ha pronunciado definitivamente. Es el caso de la Agencia Tributaria de Cataluña, la Agencia de Ciberseguridad y la Agencia Catalana de Protección Social.
Sin respuesta al president El Gobierno central funciona ya con la nueva realidad. Hasta el punto de que ayer decidió no valorar las palabras de Carles Puigdemont, en las que el president no se da por destituido , y al que recordó que está cesado “a todos los efectos”, por lo que desde este momento la calificación de sus conductas “corresponde al ámbito judicial”. “Ha sido cesado como presidente de la Generalitat a todos los efectos”, argumentaron a la agencia Efe fuentes del Ejecutivo central, que apunta ya directamente la Justicia, que podría atribuirle un delito de usurpación de la autoridad.
Las mismas fuentes aseguraron además que el Gobierno espera que las nuevas elecciones en Cataluña, convocadas para el 21 de diciembre, permitan devolver la “dignidad” a las instituciones de Cataluña ante el “deterioro” que han sufrido durante el gobierno de Puigdemont.
Por otro lado, el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, afirmó ayer que “nadie reconoce ni reconocerá a Cataluña como un estado independiente” y que para la UE no existe, ni existirá, un interlocutor que no sea el Reino de España”. “El referéndum del 1 de octubre era ilegal, como lo era la decisión del Parlament, debe ser restaurado el estado de derecho”, declaró. - DNA
Solo Osetia del Sur. Gobiernos de todo el mundo continuaron ayer expresando su apoyo al Gobierno español, mientras que el papa Francisco se mostró preocupado por “el retorno de los nacionalismos” en Europa. Países como Brasil, Australia, Rumanía, Portugal y Grecia, se sumaron a otros como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá, Argentina, México o Colombia, además de instituciones como la UE, la ONU y la OTAN. Solo Osetia del Sur, país aliado de Rusia, se ha declarado dispuesto.
