BARCELONA. Ayer, después de que el Parlament aprobase una resolución, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, en la que se declara un "Estado independiente en forma de república", el Govern de Carles Puigdemont ya se reunió por la tarde para tomar las primeras decisiones, pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ordenó su cese, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Los miembros del Govern no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos a dar para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada ayer por el Parlament.
Sobre la mesa, según las fuentes soberanistas consultadas, figurará el análisis de los escenarios que se abren a partir de ahora, incluida la posibilidad de convocar elecciones "constituyentes" para antes de final de año.
En la resolución independentista votada ayer, el Parlament instaba al Govern a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que creaba un marco legal catalán-, que suspendió el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ultima su querella por un delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlament, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Govern y a los de la Mesa del Parlament que permitieron la votación.
