barcelona - Los soberanistas son conscientes de que tendrán al Estado enfrente si aprueban una declaración unilateral de independencia. Se abriría un escenario marcado por la suspensión sin paliativos del autogobierno catalán y la destitución del president y de los consellers e, incluso, su entrada en prisión. La situación abocaría a un ejercicio de pura desobediencia y resistencia ciudadana de manera sostenida en el tiempo, quizás con muros humanos para tratar de evitar la ocupación de las instituciones catalanas y pedir la excarcelación de los líderes del soberanismo, y en el ámbito de los funcionarios, no acatar las órdenes de Madrid.

La desobediencia civil buscaría ejercer presión para que la situación sea irrespirable para el Estado pero, sobre todo, llamar la atención de alguna instancia internacional. Es un planteamiento que defienden los sectores más soberanistas, pero genera dudas en otros ámbitos por su repercusión en el tejido económico, por los riesgos que entraña azuzar una movilización ciudadana de ese calibre, por los apoyos políticos que puede restar entre Podemos y los comunes, y porque no se atisba una mediación europea. Se prevén momentos de tensión social, y se temen cargas policiales como las del 1 de octubre.

Este escenario se intuye ya en las declaraciones de algunos portavoces de ERC, la CUP, ANC y Òmnium. La CUP ha propuesto una huelga general indefinida y ha realizado un llamamiento expreso a la “desobediencia civil masiva”, lo que supondría elevar la apuesta con respecto al parón del 3 de octubre; y el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà lanzó ayer un mensaje revelador a Mariano Rajoy: “Si usted persiste en reprimir en vez de seducir, la gente saldrá a la calle pacíficamente a proteger el gobierno y las instituciones de autogobierno”. El conseller Raül Romeva, sin ser tan contundente, ha alentado estos días el desacato de los funcionarios al artículo 155. Es una incógnita qué nivel de desobediencia puede haber entre los Mossos o cualquier otro trabajador público. Se exponen a represalias penales y patrimoniales por parte de Madrid. Los periodistas de los medios de comunicación públicos, TV3 y Catalunya Ràdio, sí lanzaron ayer un alegato claro en contra de acatar las órdenes de una dirección impuesta, pero su caso tiene otros matices y entronca con la libertad de información.

El Gobierno español mantiene su intención de suspender la autonomía si Puigdemont no rectifica su hoja de ruta soberanista y convoca unas elecciones. El president y sus consellers podrán seguir en sus puestos hasta que el cese se publique en el Boletín Oficial del Estado. Madrid puede jugar con los tiempos y no hacer oficial su cese de manera inmediata, aunque no se descarta que se produzca el mismo sábado. A partir de entonces, serán suspendidos de empleo y sueldo. El episodio podría no ir más lejos, pero el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, prepara una querella por rebelión para los que promuevan la declaración de independencia.

La situación se complicaría si se sometiera a votación en el Parlament y las represalias judiciales se dirigieran contra los 72 parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP. Se intuye que los miembros de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Carme Forcadell, correrían la misma suerte. Con el argumento de que este delito lleva aparejadas condenas muy elevadas, de hasta 30 años de prisión, el fiscal se inclina por pedir medidas cautelares duras que pasarían por el ingreso inmediato en prisión, como ha sucedido con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium.

La incógnita radica en cuál será la respuesta del soberanismo y si opondrá algún tipo de resistencia para evitar la detención de sus líderes o la toma de control del Govern. Desde Junts pel Sí se han lanzado mensajes a favor de defender las instituciones catalanas, aunque se desconocen sus implicaciones. La apuesta más clara por la resistencia viene de los anticapitalistas de la CUP. La formación de Anna Gabriel está presionando para que se produzca esa desobediencia y acusa al PDeCAT de poner en suspenso esta opción por temor a los efectos económicos que pueda tener. Desde el referéndum del 1 de octubre, han abandonado Catalunya 1.500 empresas.

La ANC ya ha convocado una concentración para mañana a las 12.00 horas ante el Parlament. Su propósito es acoger una declaración de independencia y blindar las inmediaciones de la Cámara. Los Mossos han colocado vallas en las inmediaciones para garantizar el orden público. Su papel va a ser clave tras el 155.