MADRID - Ocho partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados han unido fuerzas para eliminar la prescriptibilidad y la impunidad que brinda la Ley de Amnistía que recientemente ha cumplido 40 años. La normativa, erigida en 1977 para encauzar la entonces incipiente Transición haciendo tabula rasa de los delitos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, ha sido un obstáculo infranqueable para penalizar los crímenes contra los derechos humanos en el franquismo. Podemos, En Comú, En Marea, Esquerra, PNV, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias presentaron ayer una proposición de Ley conjunta para acabar con esa excepcionalidad instando a que los tribunales puedan investigar, enjuiciar e imponer “las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidido, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos”.

La modificación de la Ley de Amnistía pasa por añadir un párrafo al artículo 9 para establecer bien a las claras la posibilidad de investigar dichos delitos. Y se basa en los abundantes tirones de orejas de varias instancias de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Gobierno español. En paralelo, asimismo, reclamaron introducir cambios en el Código Penal para afianzar la figura de la imprescriptibilidad en el corpus del derecho estatal. Así se garantizaría “que a las víctimas de la dictadura y a sus familias les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia -el derecho a la tutela judicial efectiva- conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, pero también por los tratados internacionales firmados por el Estado. Apenas sería necesario introducir un nuevo artículo en la Ley Orgánica.

en manos del PSOE No es esta la primera ocasión en la que un partido o una alianza de partidos tratan de modificar la Ley de Amnistía para que deje de ser una ley de punto final que “lejos de su concepción primigenia se ha erigido en una norma de impunidad para dejar en el olvido las torturas, asesinatos o desapariciones” llevadas a cabo durante el franquismo. Es el caso de IU, que propuso una iniciativa para tumbar la normativa a comienzos de año. No prosperó, si bien la formación dirigida por Alberto Garzón ha preferido no adherirse por ahora a la propuesta de Podemos, En Comú, En Marea, Esquerra, PNV, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias, que suman un total de 84 representantes en conjunto que quedan bastante lejos de la mayoría necesaria. Presentarán un texto “más ambicioso”, según avanzaron desde la formación de izquierdas, que en esta ocasión prefiere no caminar de la mano del partido de Pablo Iglesias con el que está coaligado en la Cámara baja. Clave será el papel que adopte el PSOE, que en un principio no apoyará la proposición de Ley pese a que inicialmente mostraran cierta predisposición a apoyarla.

Con un PP y un Ciudadanos que se mostrarán reacios a abrir la puerta a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, los socialistas y sus 84 representantes son pieza imprescindible para que la proposición de Ley llegue a ser tramitada y pueda ser finalmente aprobada. Ayer, de hecho, diferentes representantes de los partidos firmantes aludieron al PSOE para tratar de que se suba al carro. Los antecedentes, por el contrario, no son nada halagüeños para sus intereses. No en vano el partido de Ferraz ha taponado en numerosas ocasiones cualquier intento de modificar la normativa. Cuatro, planteadas en diferentes comisiones y con objetivos más o menos amplios, han sido los intentos durante la presente legislatura. El PSOE ha votado en contra en todas ellas.

Por lo pronto, responsables de los ocho partidos que presentaron la propuesta emplazaron a que no haga oídos sordos a su iniciativa normativa para modificar la Ley de Amnistía. “Vemos con dolor que partidos que también participaron en la lucha antifranquista, como el PSOE, hoy no esté aquí. Se equivocan al pensar que el olvido puede amortiguar el dolor”, afirmó Joan Tardá, de ERC.