donostia - Una delegación encabezada por el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean René Etchegaray, se reunió el jueves con representantes del Ministerio de Justicia galo con el objetivo de lograr, entre otros, cambios en la política penitenciaria del Estado francés. Junto a Etchegaray, acudieron a la reunión representantes de asociaciones como la Liga de Derechos Humanos o Bake Bidea, y acordaron poner en marcha un ámbito de trabajo sobre la política penitenciaria una vez se concluyó el proceso de desarme de ETA el 8 de abril en Baiona.
El propio Etchegaray había avanzado hace varias semanas que para el 19 de octubre tenía prevista una reunión con la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, aunque en la nota de Bake Bidea no se concretaron los asistentes por parte del Ministerio. El Ministerio de Justicia se reafirmó en su voluntad de seguir con un diálogo en un encuentro en el que la situación penitenciaria estuvo sobre la mesa.
Además de Etchegaray, la delegación estaba compuesta por el presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Michel Tubiana; el expresidente de Laborantza Ganbara y artesano de la paz, Michel Berhocorigoin; el diputado de los Pirineos Atlánticos Vincent Bru (del partido macronista), y la presidenta de Bake Bidea, Anaiz Funosas. Dicha “reunión de trabajo” no ha sido la única en las últimas semanas. Se trata de la segunda que se hace pública después del que se celebró en la sede parisina del Ministerio de Justicia y no será el último.
Las dos delegaciones quedaron en volver a reunirse en noviembre, semanas antes de las movilizaciones que se celebrarán en París el 9 de diciembre y para la que tanto Bake Bidea como los denominados Artesanos de la Paz están tratando activar a la sociedad de Iparralde, con viajes en tren y autobús que faciliten el desplazamiento. La delegación de Iparralde “desea” que para esa fecha de diciembre el Gobierno francés haya tomado “medidas significativas”, que en una fase inicial se centran en el alejamiento y en aquellos reos con enfermedad grave.
El presidente de la Mancomunidad y también alcalde de Baiona ha solicitado en diversas ocasiones tanto al Gobierno de Hollande como ahora al de Emmanuel Macron la aplicación de la legalidad ordinaria en el caso de los presos del EPPK, lo que supondría en gran medida el final de las políticas de alejamiento y dispersión.
A su vez, un cambio de política penitenciaria en el Ministerio de Justicia galo supondría un distanciamiento de la estrategia penitenciaria que, al sur de los Pirineos, el Ministerio del Interior español desarrolla. - J.A.
